Este fenómeno tiene raíces profundas en la manera en que se forma -o se deforma- a los futuros abogados en nuestras universidades. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que durante décadas fue el principal semillero de brillantes juristas del país, ha sufrido un proceso de politización acelerada.
Al parecer son cada vez más los estudiantes que ingresan a la carrera no con el propósito de formarse con rigor en las disciplinas jurídicas, sino con la clara intención de construir redes clientelares que les permitan acceder a “padrinos políticos” para futuros concursos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público o en la función pública en general. El estudio del derecho fue desplazado, en no pocos casos, por el estudio de las relaciones de poder.
Esta lógica se refleja con crudeza en la elección de los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. El caso de Jorge Bogarín Alfonso es paradigmático. Exintegrante de ese órgano y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, docente de la Facultad de Derecho, actualmente en plena campaña para retornar al Consejo, ha sido calificado públicamente como “significativamente corrupto” y señalado por el uso de las instalaciones judiciales con fines proselitistas.
Que una figura con tales antecedentes aspire a integrar nuevamente el máximo órgano de selección y disciplina judicial del país dice mucho sobre el nivel de tolerancia que alcanzó la sociedad ante la mediocridad y el cuestionamiento ético en los espacios de poder.
Un segundo factor de deterioro lo constituye la transformación de los centros de estudiantes de derecho. En la época de la dictadura stronista, pese a la represión y al peligro real, existieron generaciones de estudiantes que arriesgaron su seguridad personal para defender ideales democráticos, la vigencia de los derechos humanos y la construcción de un país diferente. Eran tiempos oscuros, pero había convicción y coraje. Hoy, muchos de esos centros han mutado en estructuras clientelares al servicio de partidos o facciones políticas, donde la disputa ya no se libra por principios, sino por el control de influencias, de recursos y de cuotas de poder. El idealismo de antaño ha sido reemplazado por el pragmatismo más rastrero.
El tercer y más grave problema es la existencia de las llamadas “universidades de garaje” y de instituciones que, lisa y llanamente, comercializan títulos universitarios sin respaldo académico alguno. Durante años, Paraguay asistió a la proliferación de casas de estudio privadas de dudosa calidad -muchas de ellas vinculadas a intereses políticos- que egresaban profesionales sin la formación mínima exigible.
De esos ámbitos salieron personas que, gracias a sus conexiones, ocuparon cargos de alta responsabilidad en el sistema de justicia. El caso de Hernán Rivas resulta emblemático: un proceso penal por presunto uso de título falso en el que se afirma que jamás cursó estudios de derecho, y que sin embargo llegó a ocupar espacios de decisión que exigen una preparación jurídica sólida.
El hecho de que personas con credenciales tan endebles puedan siquiera ser consideradas para tales funciones revela la fragilidad de los filtros institucionales, donde sin dudas, existen varios responsables.
A ello se suma el drama de las falsificaciones directas de títulos. Aparentemente, individuos que nunca pisaron una facultad de Derecho terminan ejerciendo la profesión, asesorando a ciudadanos, litigando causas de gran complejidad y, en algunos casos, integrando el propio Poder Judicial. Manejan bienes jurídicos de primera magnitud -la libertad, el patrimonio, la familia, la honra- sin poseer los conocimientos técnicos ni la formación ética indispensables. Esto no es una hipótesis teórica; es una realidad que erosiona día a día la legitimidad del sistema de justicia. Y luego nos preguntamos: ¿por qué estamos como estamos?
Resulta inevitable, ante este panorama, evocar a los grandes maestros que formaron a generaciones de abogados paraguayos en décadas pasadas. Aquellos catedráticos de la Facultad de Derecho de la UNA que exigían excelencia, que transmitían no solo conocimiento técnico sino una profunda comprensión del Derecho como instrumento de justicia y de civilización.
Eran profesores que entendían la docencia como una misión y que formaban profesionales íntegros, capaces de resistir las presiones del poder y de defender principios incluso cuando resultaba incómodo. Esa tradición parece hoy lejana, casi mítica, frente al avance de la mediocridad tolerada y hasta premiada.
Otrora, los grandes juristas se inspiraban en los principios de pensadores clásicos como Aristóteles, Ulpiano y Justiniano, o en las enseñanzas de Eduardo Couture, cuyos mandamientos constituyen un legado ético fundamental para la profesión jurídica. Hoy, en cambio, se escuchan con desconsuelo frases como: “el vivo vive del zonzo”, “así nomás luego es” o simplemente “los cargos no se ocupan por guapitos”.
Lo más grave de esta situación es que no se trata de un proceso espontáneo o inevitable. Sectores del poder político, particularmente el cartismo, encontraron en esta degradación una herramienta útil para consolidar su influencia. Colocar al frente de instituciones que deberían ser sagradas -el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos de control y fiscalización- a personas de cuestionada idoneidad no parece un error de apreciación, sino una estrategia deliberada de captura institucional.
Se premia la lealtad por encima de la competencia, la obediencia por encima de la independencia de criterio, y el resultado es un sistema que se reproduce a sí mismo y que cierra las puertas a cualquier intento serio de renovación.
Las consecuencias de esta realidad son profundas. Una Justicia cuyos operadores carecen de la formación y la autoridad moral necesarias pierde la confianza de la ciudadanía. Los jueces íntegros se desmoralizan, los abogados serios se frustran y la sociedad termina percibiendo al sistema judicial como un territorio más de la politiquería y no como el último refugio de los derechos.
Recuperar el prestigio de la abogacía y de la Justicia paraguaya exige medidas concretas y valientes: fortalecer sin excepciones los procesos de acreditación de carreras por parte de la ANEAES, perseguir penalmente la falsificación y el tráfico de títulos universitarios, despolitizar de verdad los concursos de ingreso a la magistratura y los órganos de gobierno de la profesión, y -fundamentalmente- devolver a las facultades de Derecho su misión formativa de excelencia y de compromiso ético.
Porque cuando se permite que los peores ocupen los puestos más altos, no solo se degrada una profesión o una institución: se degrada la posibilidad misma de que exista justicia en el país.