Giménez aseguró que el Ejecutivo “analiza distintas alternativas” para ampliar la oferta energética. Mencionó “la construcción de centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, la repotenciación de las hidroeléctricas existentes, proyectos de energía solar con sistemas de almacenamiento mediante baterías, parques eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas”.
Sin embargo, lo único concreto es un plan piloto con paneles solares flotantes en el embalse de Itaipú, impulsado por Brasil y solo secundado por Paraguay, y un proyecto de construcción de una planta fotovoltaica de 140 MW en el Chaco, que está en fase preliminar de preparación de pliegos para una licitación por parte de la ANDE, pero con financiación privada. Es decir, depende de que haya inversores dispuestos a destinar 100 millones de dólares en el emprendimiento. Habrá que ver bajo qué condiciones.
El Gobierno lo califica como “megaproyecto”, pero lo cierto es que, aun si se llegara a plasmar, 140 MW es un poco más de la mitad de la capacidad de Acaray y el 2,5% de la demanda nacional de electricidad que, a su vez, representa menos de un cuarto del consumo nacional de energía. En otras palabras, no mueve ni un centímetro la aguja de la matriz energética paraguaya, como tampoco lo hace ninguna otra iniciativa que se conozca, pública o privada, todas ellas poco menos que experimentales, cuando no directamente imaginarias.
En contrapartida, no hay avances significativos en los pasos que hay que dar para el aprovechamiento energético. Por ejemplo, la línea de 500 kV Itaipú-Valenzuela, que ya tendría que estar terminada, lleva un atraso del 60%, en tanto que la subestación de Yguazú no ha sido dotada con los transformadores necesarios para traer el sobrante paraguayo al territorio nacional. Esto hace que la disponibilidad de los excedentes que tanto se menciona, ya sea para utilizarlos o para subastarlos, por el momento no sea más que una fantasía.
Asimismo, este gobierno ha desaprovechado una oportunidad histórica de negociar cambios estructurales en los términos del Tratado de Itaipú, como estaba habilitado por el vencimiento del plazo de revisión del Anexo C. Ahora ya es tarde para modificaciones de fondo, porque ello requiere un arduo proceso de aprobación parlamentaria y en octubre hay elecciones generales en Brasil. Por lo tanto, todo se circunscribirá exclusivamente a la tarifa y únicamente a satisfacción de los intereses brasileños. Cualquier otra cosa es impensable a estas alturas. Peor todavía en Yacyretá, donde todo sigue exactamente igual de mal, sin que siquiera se hayan planteado negociaciones para un saneamiento y regularización de la deuda.
El jefe de gabinete dijo que hay conversaciones con Argentina para estudiar la posibilidad de traer gas desde los yacimientos de Vaca Muerta, pero no explicó cómo eso puede ser mínimamente viable. El precio en pozo del gas natural de Vaca Muerta es de hasta 7,5 dólares por millón de BTU, lo que mediante conversión térmica equivale a 26 dólares el megavatio/hora, aproximadamente igual a la tarifa de Yacyretá, y todavía falta el transporte. Un gasoducto hasta Paraguay para plantas térmicas sería difícilmente factible, pero incluso si lo fuera, la opción que propone Giménez implicaría comprarle gas a Argentina al precio de mercado después de haberle casi regalado la energía paraguaya de Yacyretá durante décadas y hasta el día de hoy.
Giménez también habló de un “acompañamiento del crecimiento industrial”, pero no se percibe ninguna política clara y transparente en ese sentido. Le prometieron bajo la mesa una tarifa irrealizable a un grupo inversor y se tuvieron que echar atrás ante el lógico rechazo de la propia ANDE. El aumento del consumo de energía eléctrica en los últimos años no ha estado liderado por ningún sector intensivo en mano de obra o en transferencia de tecnología, sino por la criptominería, que no aporta absolutamente nada al desarrollo industrial ni nacional.
En los papeles Paraguay es uno de los mayores productores de energía eléctrica per cápita del mundo, pero, en la práctica, el componente eléctrico en su matriz energética es de apenas alrededor del 25%, ya incluido el uso en criptominería. El resto es hidrocarburos y biomasa, o sea, leña, más o menos en partes iguales. Esa es la realidad, todo el resto es palabrerío. Si el Gobierno considera que estamos en un “período crucial”, entonces tiene que mostrar más hechos y menos delirios.