El Área Metropolitana de Asunción, integrada por la capital del país y once municipios del departamento Central y del Bajo Chaco, tiene unos 2.800.000 habitantes, que sufren similares penurias causadas por la ineptitud de sus respectivos gobiernos municipales. Esto es así aunque en 2022 se hayan asociado para solucionar, con el apoyo de numerosas instituciones, problemas tales como el transporte, la gestión de residuos sólidos y el manejo de áreas verdes. En general, se destacan por la corruptela y la ineficiencia, pese a lo cual no son pocos los intendentes y concejales que buscan ser reelectos el próximo 4 de octubre. La experiencia propia y ajena les induce a confiar en el “voto cautivo” de sus propias víctimas, como si ya estuvieran habituadas a soportar los baches callejeros, las basuras no recogidas, las plazas abandonadas y los raudales impetuosos, entre otras calamidades urbanas.
A diario, los vecinos tienen a la vista las consecuencias similares del desgobierno municipal en la Gran Asunción y no faltan las quejas que, lamentablemente, no suelen reflejarse en las urnas: los electores siguen votando por sus verdugos, aunque inmediatamente después se repitan las mismas quejas de siempre. Por de pronto, los resultados de las últimas elecciones internas de los partidos tradicionales no fueron precisamente desfavorables para los aspirantes a seguir en el cargo que tan mal ejercen: el desastre capitalino es un penoso ejemplo. De hecho, la falta de involucramiento ciudadano en los problemas de sus comunidades, pese a las penurias que soportan permanentemente, permite que los intendentes y ediles hagan y dejen de hacer lo que se les antoje. En la gran mayoría de los casos, las Juntas Comunales de Vecinos solo existen en el papel en que está impresa la Ley Orgánica Municipal (LOM), que les encarga, entre otras cosas, transmitir a la Intendencia las necesidades de los vecinos y las soluciones posibles, así como dar a conocer a la población las normativas municipales: la ignorancia y el desinterés de los gobernados favorecen a los malos gobernantes.
Por cierto, Asunción tiene toda una Defensoría Municipal, cuya existencia pasa desapercibida; tuvo al frente a un familiar del impresentable Óscar “Nenecho” Rodríguez, inclusive llamado también Óscar Rodríguez, y hoy la dirige un tal Bernardino Martínez, a cambio de 19.450.000 guaraníes al mes, incluidas las bonificaciones.
Es obvio que los habitantes de Asunción, como los del área metropolitana en general, están abandonados a su suerte. Ni siquiera poco antes de las elecciones, las municipalidades intentan dar la impresión de que algo hacen por la calidad de vida de los pobladores: siguen en las mismas, esto es, tolerando que ella sea afectada por la desidia o la falta de fondos en el Presupuesto dilapidado, por ejemplo, en remuneraciones al personal superfluo. Por tal motivo, en la zona del Mercado de Abasto asunceno, las obras del desagüe pluvial están paralizadas desde hace dos años, con el resultante perjuicio para los vecinos, el tránsito y el comercio.
La infraestructura vial de Asunción se mantiene en pésimas condiciones, pese a que, entre enero y abril, recaudó para conservarla doce millones de dólares. También es notable el deterioro de la avenida Monseñor Ismael Rolón (ex Brítez Borges), que conecta Lambaré con Fernando de la Mora y San Lorenzo, debido al agua servida que destruye el asfalto y crea insalubridad, algo que también ocurre en el barrio asunceno de San Cristóbal. Profundos baches hacen que se encuentre en igual estado la intersección de las avenidas lambareñas Bruno Guggiari y San Rafael: los “parches” se desintegrarían al poco tiempo. Ni hablar de Luque, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y otros lugares cuyas calles exhiben cráteres que parecen un campo de batalla recién bombardeado.
Los antedichos ejemplos del deterioro del casco urbano de ciertos municipios del Área Metropolitana de Asunción ilustran los efectos de un lamentable desempeño gubernativo, que los vecinos no deben seguir soportando. Dependerá de ellos, al fin y al cabo, que los intendentes y concejales a ser elegidos estén a la altura de sus respectivas funciones, para lo cual será imprescindible que sean controlados: no deben seguir teniendo una suerte de carta blanca para, en su gran mayoría, beneficiarse a sí mismos y a sus respectivas clientelas.
Los males de nuestra política comunal son tan evidentes que no hace falta ser un urbanista para identificarlos. Si es así, corresponde que los vecinos cuiden su voto y luego pongan bajo la lupa a los elegidos, para impedir que se sigan burlando de la gente.