Al asumir la Presidencia de la República, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, visitaron el Hospital Nacional de Itauguá y se conmovieron hasta las lágrimas al ver el estado y las carencias del nosocomio. En la ocasión, el jefe de Estado anunció cuanto sigue: “En salud vamos a hacer las cosas bien. Una sala de terapia intensiva (...) puede ser el negociado de un mal Gobierno y la causa de desatención de las verdaderas necesidades de la gente, por el mal uso de los recursos (...) Puesta a punto de la infraestructura y de los equipamientos de los centros de atención médica integral en cada distrito. Énfasis (...) en la atención oportuna de las dolencias. Basta de largas filas de espera, agendamientos interminables, equipamiento que no se usa por falta de insumos, de mantenimiento o de personal. En salud, los errores o negligencias se pagan con vidas. Por eso, no habrá una segunda oportunidad para los que fallen” (las negritas son nuestras).
Pues bien, tres años después del atinado diagnóstico y de la terapia prometida, resulta que las cosas no se han hecho nada bien en la sanidad a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Instituto de Previsión Social (IPS). Ocurre que el sistema es un verdadero desastre, según los desgarradores testimonios de sus víctimas, que se repiten una y otra vez en todo el país. Un par de ellos, publicado en los últimos días, sirve para ilustrar el drama: unos doscientos pacientes renales del Hospital Nacional de Itauguá, cuyos deterioros habían impactado al Jefe de Estado y a su cónyuge, bloquearon una ruta para exigir al ministerio competente la compra de un insumo necesario para las máquinas de hemodiálisis. En Benjamín Aceval, por su parte, asegurados del IPS que habían concurrido al Hospital Regional la noche antes o en horas de la madrugada para asegurar sus consultas, aún no habían sido atendidos en la mañana siguiente: el sistema no funcionaba, mientras el Dr. Isaías Fretes, presidente de la entidad previsional, asistía en el lugar a una serie de operaciones. Una mujer sometida a cinco cirugías en el Hospital General de Luque, debido a un embarazo producido fuera del lugar habitual, seguiría cinco meses después con fiebre y fuertes dolores, pero sin un diagnóstico claro, entre tantas otras quejas y reclamos.
Conste que también se quejan los médicos, cuyo sindicato nacional anunció que en agosto los del sector público irán a la huelga en todos los servicios, salvo los de urgencia. Reclaman la incorporación de más facultativos, un reajuste salarial, pagos adicionales por trabajar los días no laborables y el nombramiento de médicos contratados desde hace años. Contrariamente a lo que prometió, al parecer el presidente Santiago Peña ha dado segundas, terceras y cuartas oportunidades a los responsables del área sanitaria, porque se tiene la impresión de que poco o nada de soluciones se han arrimado al sector salud durante su Gobierno.
En efecto, la Dra. María Teresa Barán, ministra del área, y el Dr. Isaías Fretes tienen varios frentes abiertos, que deben encarar con toda firmeza para que no haya tantas “muertes evitables”, por algún motivo vinculado con los pobres recursos humanos y materiales del sistema sanitario. Presumiblemente la ministra sea una de las que ya han tenido más de una segunda oportunidad.
En cuanto a quien preside el IPS, está demostrando hasta ahora un gran interés en limpiar y remodelar la casa en ruinas. Sin duda, tiene muchísimo que hacer en materia financiera, administrativa y clínica: se espera que no termine siendo absorbido por un entorno putrefacto que parece existir allí desde hace décadas. La salud pública debe dejar de ser un suplicio para los pacientes y sus familiares. Por de pronto, Santiago Peña no está cumpliendo con lo prometido hace tres años, de “hacer las cosas bien” en este ámbito de capital relevancia para el derecho fundamental a la vida, violado una y otra vez por la ineptitud, la negligencia y la corrupción, a las que se agrega el maltrato resultante de la insensibilidad de parte del personal de blanco.
Es deseable que, en adelante, el Gobierno tome en serio el sistema sanitario, bien descrito el 15 de agosto de 2023 por quien hoy lo encabeza: se nota que estaba informado de la situación reinante, pero hoy también se advierte que le ha faltado la “voluntad política” suficiente para al menos atenuar sus grandes defectos. Los problemas son de sobra conocidos, al igual que los pesares de quienes se ven forzados, por razones económicas, a recurrir al calamitoso sistema de salud pública. Los que mandan no se ven en tal necesidad, pero ello no les exime del deber moral y legal de remediar las terribles carencias de diverso orden, que impiden atender a los enfermos como corresponde. Hay que sanear la sanidad, una de las muy serias falencias nacionales, junto con la educación y el orden público.