Desde el punto de vista histórico, es cierto que, según un sector de opinión, Paraguay invadió Brasil en 1864-65, cuando el mariscal López ordenó la confiscación del vapor Marqués de Olinda y la subsiguiente ocupación de los poblados de Coímbra, Albuquerque y Corumbá en Mato Grosso. Pero también es cierto que, cien años después, entre 1965 y 1966, Brasil invadió los Saltos del Guairá, desplegó sus tanques amenazando al Paraguay, y el acuerdo al que se llegó para zanjar el conflicto no se cumplió jamás, en detrimento de nuestro país.
En aquella oportunidad se firmó el Acta de Foz de Yguazú, en la cual se convino el aprovechamiento conjunto del potencial energético del río Paraná por diferencia de altura entre los saltos y la desembocadura del río Yguazú. El fruto de la explotación de ese recurso natural compartido sería dividido en partes iguales, con un derecho de preferencia a favor de Brasil para adquirir los sobrantes del Paraguay “a justo precio”.
Este es el antecedente jurídico del Tratado de Itaipú, firmado siete años después. Brasil, a regañadientes, terminó aceptando la participación igualitaria, pero solo formalmente. Para todos los efectos prácticos, con el falaz y cínico argumento de que Paraguay “solo ponía el agua”, se introdujeron cláusulas engañosas en el Anexo C para asegurar que el más poderoso se quedara con todo el excedente paraguayo por migajas. Lo del “justo precio” quedó en el olvido. Se creó la figura de la “cesión de energía” y se estableció una “compensación” ínfima y totalmente arbitraria, sin ninguna relación con el valor real de esa energía, situación que continúa incólume hasta el día de hoy.
Como resultado, en los últimos 42 años, desde que comenzó a producir la primera turbina en 1984, deducidos todos los gastos, incluidos los incurridos para la construcción de la central y el pago de la exorbitante deuda (cuyos intereses también se embolsó Brasil), Paraguay le cedió a su vecino el 100% de sus enormes excedentes en Itaipú y, en promedio, recibió a cambio la irrisoria suma de 4,4 dólares el megavatio/hora. Actualmente la compensación es de 12 dólares el MWh, todavía muy por debajo de cualquier precio de mercado que se tome de referencia.
Esto pudo y debió cambiar a partir del 13 de agosto de 2023, en coincidencia con la asunción al mando de Santiago Peña. Ese día se cumplió el plazo de revisión del Anexo C y Paraguay, con la deuda ya totalmente cancelada, debió exigir un precio real por su energía o, en su defecto, hacer lo necesario para subastarla al mejor postor. El Gobierno no hizo ni una cosa ni la otra.
Tal como subraya el Ing. Fabián Cáceres, ahora ya es tarde. Al margen de que ya no es el momento político, dado que Brasil está a punto de ir a elecciones y cualquier cambio estructural requeriría un largo proceso de aprobación parlamentaria, “esa negociación tenía sentido cuando todavía había muchos excedentes y Brasil dependía de ellos. Esa brecha se achicó y probablemente el año que viene se acorte aún más. Muy pronto ambos países usaremos partes iguales de la producción, por lo que buscar beneficios extraordinarios ya no tiene sentido; ya perdimos el tren”, indicó.
Y eso no es todo. Después de haber perdido los Saltos del Guairá y de haber prácticamente regalado su energía durante más de cuatro décadas, el país se enfrenta en un mediano plazo, que algunos ubican hacia 2030, a una grave crisis energética por falta de oportunas inversiones.
“De acuerdo con el Plan Maestro de la ANDE el sistema ya debía contar con nuevas unidades generadoras operativas. Estamos en 2026 y no hay ninguna licitación en curso. El nivel de inversión de la ANDE no es suficiente porque su salud financiera está muy deteriorada y sus tarifas ya no cubren los costos reales. Las obras de infraestructura básica están sumamente atrasadas, por lo que el país carece de capacidad de transmisión para traer la electricidad desde las represas hasta el sistema metropolitano, el punto de mayor consumo a nivel nacional. El problema es de conocimiento generalizado, pero las respuestas brillan por su ausencia. Se requieren soluciones en generación, transmisión y distribución. No hay un solo segundo que perder”, advirtió el especialista.
Este Gobierno no hizo a tiempo lo que tenía que hacer y eso es grave, pero sigue sin hacerlo y eso, en un área tan estratégica para el desarrollo nacional, es más grave aún. La Patria no se defiende con bravatas, sino con acciones.