El juez Osmar Legal realizó algunas declaraciones en ABC Cardinal, que no constituyen una opinión aislada ni un diagnóstico académico de escritorio. Puede considerarse que son una advertencia cruda, lanzada en pleno corazón de la campaña electoral municipal.
El magistrado especializado en la lucha contra el crimen organizado lo dijo sin eufemismos: “Las redes criminales funcionan como verdaderas empresas. Generan, según estimaciones basadas en datos de la Senad, Seprelad y otras fuentes oficiales y privadas, un perjuicio anual al país de entre 1.800 y 4.000 millones de dólares”.
Señaló que ese dinero no se esfuma. Se invierte en inmobiliarias, ganadería, agricultura, comercio… y también en política. Hay inversiones en todos los rubros y la criminalidad organizada permea todos los estratos sociales, comerciales y políticos. Incluidas, explícitamente, las campañas electorales. De hecho, las más altas autoridades, incluyendo presidentes de la República, han admitido que el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones nacionales.
Según un informe de la agencia brasileña Folhapress, contrabandear productos de Paraguay a Brasil genera ganancias superiores al 500% para facciones como el Primer Comando da Capital o Comando Vermelho, siendo la cocaína, la pasta base, la marihuana, el contrabando de medicamentos, cigarrillos y aparatos tecnológicos (celulares), el puntal de esa economía criminal.
A partir de esta radiografía del juez Legal, la realidad que muchos prefieren negar o maquillar se vuelve ineludible. El crimen organizado ya no opera solo en las sombras. Penetra la economía formal, lava capitales a escala industrial y financia campañas políticas. En otras palabras, compraría poder, y lo estaría haciendo con método, con paciencia y con cifras escalofriantes.
Esto no es teórico. Paraguay arrastra una larga y vergonzosa lista de presuntos “narcopolíticos”, algunos de los cuales fueron mencionados en un informe del propio Congreso, que habrían llegado a cargos electivos con plata de procedencia ilícita o bajo la protección de estructuras criminales. Inclusive, se conoció en su momento un audio en el que un diputado le pedía dinero a un narcotraficante para su campaña política. Las graves denuncias no fueron investigadas.
Se ha publicado también casos de intendentes de zonas fronterizas investigados por proveer presuntamente marihuana a bandas argentinas, como el reciente de Ariel Arce Rotela, jefe comunal de Mayor Martínez, cuya casa fue allanada y donde se encontró el expediente de la investigación fiscal en su contra, por el que se habría pagado 120.000 dólares.
Se puede mencionar también a supuestos históricos “narcointendentes” de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná que repartían “ayuda social”, construían clientelas y controlaban rutas con recursos del narcotráfico. También se sabe de legisladores cuyas conversaciones filtradas –como las del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes– revelaron presuntas tramas de favores, protección judicial y dinero sucio.
Las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026 están a la vuelta de la esquina. En 263 distritos se elegirán intendentes y más de 2.800 concejales. Es el nivel de poder más cercano al ciudadano y, precisamente por eso, el más codiciado por las organizaciones criminales.
Controlar una municipalidad significa controlar licitaciones de asfalto y basura, permisos de construcción, fuerzas de seguridad locales, redes clientelares y el acceso directo a la gente. Significa blindar rutas de contrabando, lavar dinero a través de obras públicas y garantizar que la justicia local mire para otro lado.
Cada dólar del narcotráfico que entra en una campaña es un dólar que no se invierte en producción formal, en empleo decente o en infraestructura real. El perjuicio de miles de millones de dólares anuales no es un número abstracto: significa menos escuelas, menos hospitales, menos caminos y más pobreza estructural.
En materia de transparencia, vacía de contenido cualquier control de financiamiento electoral. Las declaraciones juradas de ingresos y gastos se convierten en ficción cuando el grueso de dinero llega por debajo de la mesa, en efectivo, a través de testaferros o disfrazado de “aportes voluntarios”.
La Justicia Electoral, por más voluntad que tenga, enfrenta un enemigo que opera en la opacidad total. Sin transparencia real no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, la democracia se convierte en un teatro.
Democráticamente, el golpe es mortal. Cuando el voto se disputa entre quien tiene ideas y quien tiene cientos de miles de dólares de procedencia ilegítima, la voluntad popular deja de ser soberana. Se convierte en mercancía. El ciudadano cree que elige libremente, pero elige entre opciones ya filtradas por el capital criminal.
No se trata de demonizar a todos los candidatos ni de criminalizar la política. Se trata de reconocer que existe una amenaza estructural y que las instituciones –Justicia Electoral, Ministerio Público, Senad, Contraloría, Policía Nacional– tienen la obligación de actuar con la misma contundencia con la que el crimen organizado actúa, sin esperar que “Mandrake haga todo el trabajo”.
Exigir origen de fondos reales y verificables, investigar con rigor las candidaturas sospechosas, sancionar sin miedo y proteger a los operadores de justicia honestos no es persecución política: es defensa elemental de la República.
El juez Osmar Legal solo puso en palabras lo que muchos ciudadanos ya perciben en el inconsciente colectivo, en sus barrios, en sus fronteras y en sus bolsillos. El crimen organizado no quiere solo vender droga. Quiere gobernar. Quiere sentarse en los sillones municipales, controlar presupuestos y dictar la agenda de seguridad desde adentro. Si el 4 de octubre volvemos a elegir autoridades financiadas por él, no solo habremos perdido unas elecciones. Habremos entregado, una vez más, pedazos de nuestra democracia a cambio de plata sucia.