Este nuevo aniversario fundacional de Asunción, “madre de ciudades y cuna del primer grito de libertad en América”, la encuentra en unas condiciones muy deplorables, incompatibles con su capitalidad y con el bienestar de sus habitantes. De hecho, la administración comunal está muy lejos de cumplir cabalmente con las múltiples funciones que le encarga la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal (LOM), porque está contaminada por la corrupción, la ineptitud y la negligencia. Allí la ley y la moral son habitualmente violadas por el afán de los jerarcas de emplear el dinero de los contribuyentes en provecho propio y en el de sus clientelas políticas instaladas en el Presupuesto.
Las “terribles prácticas ilegales”, denunciadas por el exinterventor Carlos Pereira, tuvieron su mayor expresión en el desvío de 512.000 millones de guaraníes, el mayor de la historia nacional, según se dijo. Se habría cometido bajo la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, hoy procesado por lesión de confianza y asociación criminal a causa de unos “detergentes de oro” adquiridos durante la pandemia: la compra, que supuso un daño patrimonial de 1.850 millones de guaraníes, fue consentida por los ediles que aprobaron la rendición de cuentas. Más tarde estos hicieron lo mismo con lo relacionado al uso ilícito de los bonos emitidos para construir obras de desagüe pluvial. Algunos otros casos que afectan la gestión del susodicho y están en el Ministerio Público son: falsificación de planos para habilitar patentes comerciales, “cajas paralelas” para almacenar actas de intervención, venta de cargos municipales y operaciones fraudulentas por computadora.
Del desastre asunceno son responsables tanto la Intendencia como la Junta Municipal: la complicidad entre ambos órganos volvió a evidenciarse con la reciente aprobación del balance general de 2025, que ya corresponde a la administración del actual intendente, Luis Bello (ANR, cartista), y parte a la de Nenecho.
De hecho, alguna responsabilidad también les cabe a las propias víctimas del descalabro: la desidia impune de muchos vecinos se refleja en las aceras rotas y en los baldíos sucios, en las calles con baches y en las plazas con basuras. Desde 2010 rige una Ley de Capitalidad para que, entre otras cosas, mejore el nivel de vida de los asuncenos, gracias a un Consejo Interinstitucional integrado por representantes de la Municipalidad, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuya existencia también pasa ignorada.
Asunción seguirá en pésimo estado, mientras sus habitantes no se hagan respetar por sus intendentes, los munícipes y sus respectivos enchufados, que los atropellan con sus barbaridades. Los males son bien conocidos, tanto que es innecesario insistir en ellos; basta con citar unos pocos, publicados en las últimas semanas: la plaza Lola Miño se hallaba abandonada desde 2022; el acceso a la Comisaría N° 15 estaba intransitable desde hacía un mes; los contenedores de basura de los barrios Recoleta, Bernardino Caballero y Mburicaó estaban siempre saturados; había múltiples vertederos irregulares, incluso en la zona céntrica; se empleaban equipos y operarios municipales para construir obras privadas; las rejillas de un sistema de desagüe pluvial en el barrio “Terminal”, así como el pavimento que lo rodea, estaban destruidos, entre muchas otras denuncias.
Lo que se requiere, en primer lugar, es que los asuncenos no se resignen a vivir en una mugrienta ciudad estropeada, en la que los políticos comunales hacen y dejan de hacer cuanto se les ocurra, sin temor a ser sancionados ni siquiera con el voto.
Tal como está, Asunción no es una bella ciudad, pese a los lapachos floridos y a la letra de ciertas canciones. Más aún, faltan obras bien construidas y servicios eficientes que mejoren bastante la calidad de vida de sus pobladores, para que en verdad puedan enorgullecerse de ella, como querrían. Así como está, es como para avergonzarse de ella.