Hoy está previsto el tratamiento en el Senado del proyecto de ley que declara el estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En esencia, se trata de permitirle al Fondo de Enfermedad y Maternidad emitir bonos por unos 305 millones de dólares para cancelar deudas vencidas y hacer frente al desabastecimiento de medicamentos, problemas de infraestructura, fallas de máquinas y falta de personal. En otras palabras, un tremendo bicicleteo que no va a solucionar el déficit estructural del Fondo de Salud y que, al contrario, a mediano plazo va a agravar antes que aliviar el problema.
El solo hecho de que se hayan acumulado deudas impagas por semejante monto indica que se requieren reformas mucho más profundas que volver a endeudarse para tapar el agujero, porque ello solo hará crecer la bola de nieve. El IPS en general, no solo el Fondo de Salud, padece de graves desequilibrios que tienen que ver, por un lado, con serias deficiencias administrativas, clientelismo político y generalizada corrupción, y, por el otro, con el descalce financiero del propio modelo.
Hasta tanto los gobiernos de turno se animen a tomar el toro por las astas, todo irá de mal en peor hasta desembocar en una crisis de inmanejables proporciones. Por ejemplo, uno de los justificativos de la ley de emergencia es “la falta de personal”, pero el IPS tiene ¡26.000 funcionarios!, mucho más que cualquier otro ente público con excepción de las fuerzas de seguridad y el magisterio, más que cualquier municipalidad, incluida la de Asunción; diez veces más que Itaipú, que es la empresa más grande del país, por mencionar un caso.
El instituto destina el 7% de sus recaudaciones brutas a “gastos administrativos”, y eso no incluye los gastos en personal de blanco, que entra dentro del presupuesto de los hospitales. Ese porcentaje es altísimo si se lo compara con entidades similares de otros países. Por ejemplo, las Administradoras de Fondos de Pensión de Chile cobran hasta el 1,5% de comisión, y ello ya contempla todos los gastos administrativos más las utilidades.
No solamente el IPS tiene un verdadero ejército de funcionarios permanentes y contratados, sino que los sucesivos administradores entran en colusión para aprobar una larga lista de servicios tercerizados y de contratos colectivos a costa del dinero de los asegurados, con aguinaldos extraordinarios, ajustes automáticos de sueldo, y otros beneficios completamente divorciados de la realidad nacional y de otros entes públicos o privados. Por lo tanto, el IPS no necesita una ley de emergencia, sino un duro ajuste interno, con lo cual le sobrarían los recursos para contratar a los médicos requeridos y pagarles mejor.
Párrafo aparte para la corruptela en todos los niveles. Ocasionalmente se realizan denuncias, pero típicamente quedan en la nada. El senador Colym Soroka (ANR) señaló a ABC Color que, a pesar del crecimiento continuo de las irregularidades internas, que van desde alquileres de inmuebles a precios irrisorios hasta contratos de provisión de medicamentos con plazo de entrega desmedidos, pasando por todo tipo de sobrefacturaciones, “no existe ni un solo condenado”.
“Demasiada gente se beneficia del IPS y se lo ve como un lugar donde uno hace lo que quiere y se esconde de la Justicia, lo que incluye a funcionarios con estilo de vida imposible de justificar con sus ingresos”, subrayó el legislador, uno de los que participarán en la sesión prevista para hoy.
Adicionalmente a todo eso, el IPS en general y el Fondo de Salud en particular adolecen de fisuras financieras estructurales que no se pueden soslayar. Además de la alta evasión por efecto de la informalidad, existe una amplia evasión indirecta por subdeclaración. La mitad de los aportantes del IPS están inscriptos por el salario mínimo, y si se suman a los que declaran hasta 1,5 salarios básicos se llega al 80%.
Si se tiene en cuenta que el aporte obrero-patronal es del 25,5% del salario declarado, de lo cual el IPS recibe el 23% (2,5% va al Senepa y otros), y de eso el 40% va al Fondo de Salud, significa que la gran mayoría de los asegurados del IPS paga entre 280.000 y menos de 400.000 guaraníes mensuales (ya con lo aportado por sus patrones) por un seguro médico universal, que incluye internaciones, terapia intensiva, tratamiento de enfermedades complejas, medicamentos, para ellos y sus familiares directos. Es obvio que no va a dar abasto.
Como su nombre lo sugiere, una ley de “emergencia” se justificaría si fuera para atender una situación extraordinaria y atípica. Este no es el caso del IPS, que sufre un desfinanciamiento crónico. No es la falta de medicamentos, infraestructura y personal lo que está matando al IPS, sino la falta de honestidad, coraje político y responsabilidad de gobernantes y administradores.