Tras presentar al Congreso el “Informe y dictamen sobre el informe financiero del Poder Ejecutivo”, referido a hechos de los ejercicios fiscales 2006-2026, el contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que el Instituto de Previsión Social (IPS) “es por lejos la institución más desordenada del Estado”. No es poco decir, ya que el aparato estatal está muy lejos de distinguirse por su buen orden; empero, el comisionado parlamentario se quedó corto, porque los hechos expuestos hacen suponer que, en verdad, se trata de la entidad más saqueada de nuestro país.
Según Camilo Benítez, el eufemístico “desorden administrativo” constatado debería entristecer a los paraguayos. También indignarles, cabe agregar. Por su parte, la directora de Control Gubernamental del órgano interviniente, Gladys Fernández, habló de la necesidad de tomar “medidas urgentes para subsanar” la institución, y agregó que los funcionarios del IPS se lavan las manos con que algún caso cuestionado no sería de su competencia y mencionó partidas no contabilizadas por más de 47.000 millones de guaraníes. Con frecuencia, en el aparato estatal se habla de faltantes de sumas escandalosas como las mencionadas, pero después no se sabe más qué pasó con ellas, pues las pesquisas se olvidan y los casos se diluyen como el alcanfor. Es de desear que ello no ocurra en esta ocasión, dada la catastrófica situación del IPS.
El informe critica severamente a la Dirección Jurídica, que tiene 344 abogados, aparte de los externos –entre quienes se encuentra Weldon Walter Black Zaldívar, yerno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana–. Carece de datos actualizados, lo que le impide hacer el buen seguimiento de unas 300 irregularidades en las que estarían en juego más de 56.000 millones de guaraníes bloqueados al IPS. Sus acuerdos extrajudiciales, que alcanzarían más de 104.000 millones de guaraníes, serían ilegales; casi 1.700 millones fueron pagados bajo el rubro “gastos judiciales”, que solo son admisibles previa sentencia firme.
Uno de los pavorosos hallazgos, que desde ya requieren la pronta actuación del Ministerio Público, hizo que el IPS sepa, recién mediante un ajuste contable exigido por el órgano contralor, que los bienes de consumo e insumos médicos existentes eran inferiores en un 45% al estimado: la diferencia –valuada en más de 635.000 millones de guaraníes– respondería a que se registró mal o a que los productos se esfumaron. Parece increíble, pero también se abonaron más de 58.000 millones de guaraníes a unos 11.000 jubilados ¡ya fallecidos!, por omitirse el cruzamiento de datos con otras instituciones. Por otra parte y tal como están las cosas, puede que hacia 2046 la entidad previsional sea incapaz de pagar las jubilaciones.
Como dijo el contralor general de la República, “esta distorsión de los estados financieros y esta mala praxis que tiene el IPS hacen que se pierda muchísimo dinero”, en perjuicio de “la parte más vulnerable de nuestra sociedad”. Se entiende así que su deuda flotante ascienda a más de un billón de guaraníes; por otro lado, gran parte de los más de diez mil millones que se le adeudan ya son incobrables, debido a la prescripción causada por su propia negligencia. Es de subrayar que la responsabilidad, eventualmente penal y civil, recae también en quienes integraron el Consejo de Administración en los ejercicios examinados en el informe, entre ellos los representantes obrero-patronales, cuya deplorable gestión no fue controlada por sus respectivos gremios, como deberían haberlo hecho.
Una vez más, está visto que dicho órgano colegiado “no sirve para nada”. Si en los centros sanitarios del IPS aún falta de todo, es porque sus anteriores autoridades no han sentido la menor empatía con los asegurados; ganaban muy bien, de modo que no se habrán visto forzados a recurrir a los pésimos servicios de la entidad. Habrá que ver qué hacen las actuales, empezando por el Dr. Isaías Fretes. El país espera que sea fructífero su empeño por poner la casa en orden, lo que supondrá, según se desprende del informe en cuestión, renovar a fondo el personal, tan acostumbrado a la “mala praxis”, también administrativa.
El documento debe servir como punto de partida para un riguroso saneamiento que aliente la esperanza de que el derecho a la vida y a la jubilación sea precautelado por el IPS, gracias a una gestión honesta y eficiente. Es hora de que los pacientes y sus familiares dejen de sufrir las penurias de siempre, por culpa de la corrupción y la ineptitud de quienes deberían estar a su leal servicio. Así como están las cosas, la institución resulta financiera y moralmente insostenible. Es una vergüenza desde más de un punto de vista, a la que se debe poner fin cuanto antes, con el respaldo solidario de la sociedad civil. El IPS debe dejar de ser la institución más saqueada del país.