Zacarías declaró a una radio de Ciudad del Este que el Gobierno buscará “una tarifa un poco elevada que nos permita continuar destinando recursos a infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo del país”. Señaló que la idea es replicar la dinámica implementada en el período 2024-2026, que, según subrayó, fue “altamente beneficiosa”.
Desestimó publicaciones de la prensa brasileña que indican que se da por hecha una fuerte reducción de la tarifa desde 2027, a 15 dólares el kilovatio/mes, de los 19,28 dólares que rige actualmente, o incluso hasta 10 dólares, según algunas estimaciones. Subrayó que el Gobierno paraguayo no ha recibido una propuesta oficial por parte de Brasil en ese sentido y, al mismo tiempo, indicó que ello implicaría un impacto sumamente negativo para el Paraguay.
Finalmente, reiteró que las conversaciones se realizarán después de las elecciones, con la expectativa de tener una definición “en tres o cuatro semanas, hacia fines de noviembre”.
De esta manera, Zacarías no solamente desmiente al Presidente de la República –a la vez que corrobora lo que es vox populi, que nada se ha hecho en tres años para renegociar el Anexo C–, sino que pisotea lo que este mismo Gobierno ya aceptó y firmó en el “Documento de Entendimiento entre Paraguay y Brasil” del 16 de abril de 2024 (hecho público el 9 de mayo), el cual, en su momento, también fue atribuido a las gestiones personales de Santiago Peña con su par Lula da Silva.
En dicho instrumento se fija la tarifa de 19,28 dólares el KWmes para los años 2024, 2025 y 2026, y se establece textualmente que “después del ejercicio 2026, las Altas Partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.
Por lo tanto, mal puede Zacarías Irún afirmar que Brasil no ha hecho una propuesta formal en ese sentido desde el momento en que ello ya está acordado con el Gobierno de Santiago Peña y rubricado por los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira. A partir de 2027 la tarifa de Itaipú tiene que reflejar estrictamente el costo de producción de la central y ya no se pueden incluir los “fondos socioambientales” que pretende esta administración. Si ello implica “un impacto sumamente negativo para el Paraguay”, como sostiene Zacarías, en todo caso el responsable es Santiago Peña, que fue quien asumió el compromiso.
Al margen de ello, Zacarías dice que la dinámica implementada en 2024-2026 fue “altamente beneficiosa”, pero no queda claro para quién. Sin duda para círculos cercanos al poder, pero que lo haya sido para el país es cuestionable. En primer lugar, resultó muy perjudicial para las finanzas de la ANDE, que fue obligada a contratar más por un precio mayor al que correspondía.
En segundo lugar, la ciudadanía no sabe cuánto dinero se recibió de Itaipú por diferencia tarifaria y cómo se han invertido esos fondos, porque nunca nadie ha rendido cuentas. La aplicación de estos recursos ha estado permanentemente rodeada de denuncias de sobrefacturación y direccionamientos, y los grandes proyectos que se iniciaron quedaron inconclusos e impagos, lo cual es parte de la explicación de los multimillonarios atrasos del Estado con proveedores y contratistas.
En síntesis, la renegociación del Tratado de Itaipú que debía encarar este Gobierno, al coincidir su mandato con el cumplimiento del plazo de revisión del Anexo C, ha sido un verdadero fiasco. Las condiciones se han mantenido absolutamente inalteradas y hasta el día de hoy Paraguay le cede el 100% de sus excedentes energéticos a Brasil a precio vil. Zacarías Irún ha dejado claro que no hay ninguna voluntad de modificar esa situación y que lo único que quieren es seguir manoteando migajas para provecho de unos pocos y en detrimento de la dignidad y de los intereses nacionales.