Hace unos días, vencido el plazo de dos semanas, el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la PN, comisario general César Silguero, no informaron a la Cámara Baja sobre el estado de la infraestructura policial, signada por la precariedad. Valga como ejemplo que el puesto de la Colonia Naranjito (Canindeyú), donde en julio fueron muertos dos agentes y un civil por el grupo criminal EPP, era una casilla de madera, incendiada en el asalto. En cuanto al personal, no es raro que realice tareas ajenas a su función, tal como se denunció en abril en el Senado: aspirantes a suboficiales hacían de barrenderos en Pilar, mientras asistían al programa de formación acelerada, financiado desde 2024 por Itaipú Binacional, que reduce el proceso formativo a un año: eran “policías exprés”, que este año llegarán a un total de 15.000.
Según el ministro del Interior, el número de agentes asciende hoy a 37.611, de los cuales 28.916 se ocuparían de la prevención y la seguridad. En diciembre de este año llegarían a 42.611. Más allá del número de uniformados, es necesario que el plantel se distinga por su aptitud y su probidad. En cuanto a la primera condición, el ministro del Interior afirma que la carga horaria de 2.110 horas es la misma que la que se tenía en dos años de formación, pues ahora las clases se imparten de mañana y tarde, como exigiría el Ministerio de Educación y Ciencias para una tecnicatura: más allá del tiempo dedicado, importa mucho el nivel de la enseñanza, que no parece muy alto.
Enrique Riera también está satisfecho en lo que hace a la honestidad: la Justicia policial habría investigado a 2.110 agentes y solo el 5% de los sumarios habrían sido abiertos por casos de corrupción. El dato no es convincente, dado que es presumible que el bajo porcentaje responda más bien a que la corrupción no es combatida con energía: la PN tiene al respecto una pésima imagen, bien ganada. Por cierto, el día en que el ministro hizo esas declaraciones, quedaron firmes las condenas impuestas al exjefe policial de San Pedro, Cristino Aranda, y a otros siete expolicías, por los delitos de extorsión y narcotráfico.
El ministro del Interior se jacta de que, según entidades internacionales, el nuestro sería uno de los países más seguros de la región. Como algunos de sus predecesores, también afirmó que la inseguridad sentida obedece solo a una percepción, a factores meramente subjetivos, ajenos a la realidad, como si fuera infundado el temor que sienten los vecinos de barrios y calles de Asunción, Pedro Juan Caballero o Ciudad del Este, especialmente. También sería solo imaginario el uso cada vez más mayor de armas largas y explosivos en los frecuentes atracos, materiales que en los últimos días, dicho sea de paso, se han decomisado profusamente. Aparentemente, la estadística que utiliza el ministro Riera se basa en la cantidad de homicidios que ocurren en un país, lo cual no sería correcto aplicar en nuestro caso, porque sobre esa base, si se producen diez mil asaltos y no hay homicidios, no habría inseguridad.
El neologismo “polibandi” debe borrarse del léxico nacional, para lo cual resulta indispensable que la Dirección General de Asuntos Internos de la PN haga lo que debe, según su reglamento: investigar la actuación del personal, dentro o fuera del servicio, cuando haya quejas o indicios ciertos de que su conducta es indecorosa y violatoria de las leyes y reglamentos. Por lo que se observa, no parece que esté cumpliendo dicha función con eficiencia. En julio, en el velatorio de un supuesto “polibandi”, abatido en Alberdi por sus propios camaradas, ¡se vio una corona de flores de la Comandancia de la PN!, la que se vio forzada a aclarar que fue remitida por la firma gestora del seguro de vida de los uniformados.
Aumentar el Presupuesto de la PN servirá de poco, mientras la institución no sea depurada de los delincuentes uniformados y la instrucción de los agentes siga siendo tan pobre. También es imprescindible que las autoridades competentes admitan, de una vez por todas, que la inseguridad sentida por la población está muy justificada y que no se trata solo de una sensación. De nada sirve negarla, porque los duros hechos desmienten a diario esa “percepción subjetiva” de los responsables. No deberían engañarse a sí mismos, para no hacer el ridículo.