El ministro del Interior, Enrique Riera, suele atribuir la inseguridad reinante a una percepción “subjetiva” de la gente, dando a entender que no responde a la realidad “objetiva”. De acuerdo a ese criterio, no habría, pues, tantos asaltos violentos, como la población se imagina. Sin embargo, a diario hay noticias acerca de hechos delictivos, muchos de ellos de gravedad, que justifican la inquietante situación –“percepción” nomás, según Riera– en gran parte del país.
Un breve repaso de algunos sucesos denunciados o publicados en los últimos días puede empezar con el atraco a punta de cuchillo, perpetrado por dos jóvenes, del que fue víctima en el Bañado Sur asunceno el conductor de un vehículo de aplicación, donde los asaltantes se llevaron dinero y un teléfono móvil. La caja fuerte de una joyería del barrio Herrera, también de Asunción, fue violentada por cinco encapuchados que irrumpieron en el local, tras maniatar al guardia de seguridad de un edificio contiguo en construcción. Igualmente en nuestra capital, un joven fue atracado a mano armada, frente a su casa y en pleno día, por dos malhechores que lucían uniformes policiales. En J. Eulogio Estigarribia, tras provocar un choque, cuatro “piratas del asfalto” se llevaron teléfonos móviles del camión que los transportaba. En Minga Guazú, una vivienda fue asaltada por una gavilla que buscaba el dinero que habría sido sustraído tras un accidente aéreo ocurrido en abril; uno de sus integrantes vestía un uniforme policial. Este breve e incompleto resumen de casos concretos no incluye, por supuesto, el temor de transitar, especialmente de noche, por las calles, y ser atacado por los “chespis”, que sustraen a sus víctimas hasta sumas pequeñas de dinero, denuncias que generalmente no llegan a las fiscalías.
Mal que le pese al ministro del Interior, lo cierto es que hasta hoy su desempeño no ha contribuido a borrar de la ciudadanía esa zozobra permanente, que él llama “sensación” de inseguridad, porque la delincuencia campea a sus anchas y no solo en las zonas fronterizas. Bien se sabe que es temerario visitar ciertos barrios de Asunción en horas de la noche, porque allí mandan las pandillas juveniles ligadas al tráfico del crack, cuyo consumo está ligado a la comisión de hechos punibles.
Este vínculo aparece incluso en zonas que no son marginales, según el reciente testimonio de una pobladora: “Nuestro barrio (Jara) ahora está minado de chespis. A la tardecita tenemos que encerrarnos en nuestras casas”. Según la misma vecina, los policías alegan que si los denuncian, pierden el trabajo debido al nulo apoyo de la Fiscalía. ¿Tendría algo que decir el Ministerio Público? Desde luego, la Policía Nacional no debería lavarse las manos culpando a otro organismo. Por cierto, las cámaras de seguridad instaladas por los pobladores fueron destruidas muy pronto. Otra vecina, asaltada frente a su casa hace unos años, había dicho que “la gente ya sola se arma de muchas cámaras, cercos, perros, guardias privados y se defiende como puede”. Esto es lo que sufre la gente, que para Riera es solo una “percepción”, es decir, no existiría. Es deplorable que lo antedicho ocurra; también lo sería que la zozobra diaria induzca a las víctimas a hacer justicia por mano propia, porque el Estado no cumple con su deber de emplear la fuerza legítima.
Resulta escandaloso que las eventuales víctimas de la delincuencia, organizada o no, deban poco menos que atrincherarse en defensa de su vida, su libertad y sus bienes. La Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, no cumple con su deber de preservarlos, no solo porque es indolente o inepta y niega la realidad, sino también porque está infectada por la corrupción. Un informe fundado en la opinión ciudadana y difundido en enero de este año por el portal de datos IndexMundi revela que la Policía Nacional es la segunda más corrupta del mundo. El documento fue repudiado por el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, quien señaló que hasta entonces, bajo el actual Gobierno, fueron desvinculados 400 agentes. Como el número de efectivos policiales llega hoy a 37.611, aún habría mucha tela que cortar.
Lo mismo cabe decir con respecto a que, recientemente, fueron dados de baja o enviados a retiro unos doscientos oficiales que no superaron la prueba del polígrafo, vinculada a la integridad, a la que fueron sometidos para que puedan ascender en la jerarquía. El hecho de que tantos hayan mentido es un fuerte indicio de que tampoco la desconfianza ciudadana hacia los agentes del orden responde a una apreciación errónea.
El ministro del Interior debería tomar nota de que la percepción de la gente responde muchas veces a experiencias directas. No necesitaría viajar al Paraguay profundo para advertir que la inseguridad es una vivencia cotidiana, que persistirá mientras siga cerrando los ojos. Es hora de que los abra: si se rehusara a hacerlo, el jefe de Estado debería darle las gracias por los servicios (no) cumplidos.