El contrato colectivo de trabajo entre la Intendencia Municipal de Asunción, a cargo de Luis Bello, y tres organizaciones sindicales fue suscrito de cara a los próximos comicios, según lo confesó el secretario general de una de ellas, Alberto Gaona. Explicó que el objetivo fue blindar los supuestos derechos laborales, ante una eventual alternancia política. En primera instancia, el chantaje de la enorme clientela partidaria instalada en el Presupuesto, sin haber demostrado méritos ni aptitudes, resultó exitoso, a costa de las obras y los servicios que la población capitalina necesita.
Valga como ejemplo una de las inaceptables prerrogativas del contrato colectivo, que figura en la cláusula 58ª del documento arrancado a la Intendencia bajo la amenaza implícita o hasta explícita de dañar las chances electorales de la ANR: “La Administración abonará trimestralmente en concepto de premio a la asistencia y puntualidad el siete por ciento (7%) del salario mínimo legal. Se pierde el derecho a este adicional por llegar dentro del límite de tolerancia, llegadas tardías en el trimestre respectivo” (sic). En otras palabras, se recompensará a quien solo cumpla su deber de “asistir puntualmente al trabajo en el horario establecido”, previsto en el art. 51 de la Ley del Servicio Civil y la Función Pública. El art. 59 incluye entre las faltas leves las “asistencias tardías o irregulares, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados”, entendiéndose por asistencia tardía la transgresión del horario laboral de la jornada ordinaria y por asistencia irregular el incumplimiento de las formas para registrar la asistencia.
Es de recordar que, según el art. 49 de la ley antes citada, en la negociación colectiva, que siempre debe atender el interés general, “no se podrán acordar, en ningún caso, beneficios no previstos en las disposiciones señaladas precedentemente (...) o que no se encuentren contemplados (...) en el presupuesto de los gobiernos municipales”. ¿Sabrán esto el intendente Bello y sus seguidores? Porque el privilegio aludido no está previsto en la ley referida ni en el Presupuesto vigente, siendo por ende ilícito. Por lo demás, se trataría de una asignación complementaria similar, por ejemplo, a la “bonificación por responsabilidad en el cargo”, un engendro tan difundido en el aparato estatal para aplicar un rebusque para la clientela.
Ocurre que con los “gastos de personal” se hace lo que venga en gana, sobre todo en provecho de quienes los administran, de sus parientes y de sus correligionarios. Es fácil ser generoso con el dinero de los contribuyentes, más aún cuando su dispendio sirve para lograr el oportuno apoyo electoral de “operadores políticos”.
Empero, esta vez es claro el rechazo causado en la opinión pública por el nuevo contrato colectivo de trabajo, que requiere la homologación de la Junta Municipal, lo que habría hecho que, además de los ediles opositores, los oficialistas Karina Acuña y César “Ceres” Escobar y la colorada disidente Rossana Rolón, se hayan ausentado ayer de la sesión prevista para el efecto, impidiendo el quorum. Ante la dificultad para aprobar el mamotreto, los funcionarios municipales, cuándo no, ahora amenazan con un paro.
Habrá que ver lo que acontezca antes del 4 de octubre. Por de pronto, es plausible que la extorsión política perpetrada no esté dando sus podridos frutos en perjuicio de los asuncenos, esto es, de las víctimas de una administración municipal signada por la corrupción, el derroche y la ineficiencia.
La capital del país no solo necesita una Intendencia y una Junta Municipal que defiendan los intereses de sus habitantes, sino también un plantel de funcionarios idóneos, honestos y laboriosos, que sea el indispensable necesario y asista al lugar de trabajo, como corresponde. Es deseable que del estudio del contrato colectivo en cuestión se ocupen los concejales que saldrán en breve de las urnas y que para ello solo atiendan la ley y el interés general. Lo sufrido por los asuncenos bajo las administraciones de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello ya debería ser suficiente para repudiar en las urnas a quienes quieran continuar con “las terribles prácticas ilegales” como las denunciadas por la última intervención de la Comuna.