El ministro de Salud Pública y Bienestar Social, doctor Isaías Fretes, y el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, anunciaron la creación de un “frente único de salud”, en respuesta a una iniciativa directa del presidente Santiago Peña. El objetivo sería coordinar las capacidades y los servicios de ambas entidades, respetando la autonomía y los recursos de cada una, para acelerar la atención a los pacientes, compartir especialistas y evitar la duplicación de servicios en las mismas zonas. El Ministerio y el IPS no serían fusionados y quienes no cuenten con un seguro social no tendrían libre acceso a las instalaciones ni a las prestaciones del IPS.
Aún se ignoran los plazos para la concreción del emprendimiento; solo se sabe que, por de pronto, lo prioritario sería optimizar la distribución de medicamentos y agilizar los agendamientos, para que los pacientes no se trasladen innecesariamente. El ministro dijo que se debe lograr una cobertura total de fármacos, y el jefe del IPS que se dará continuidad a iniciativas anteriores. En efecto, la alianza en cuestión no sería novedosa, pues a poco de haber asumido la primera magistratura, Santiago Peña instruyó a la entonces ministra María Teresa Barán y al expresidente del Consejo de Administración del IPS Jorge Brítez que integren los servicios sanitarios de dichos organismos.
Más aún, en 2024, el miembro del Consejo de Administración del IPS Gustavo González dio a conocer que esta entidad “provee medicamentos también a no asegurados”, con base en un acuerdo de 2022 con el Ministerio, relativo a la integración de servicios médicos, de infraestructura, de recursos humanos y de compras de bienes. La probable malversación de los fondos proveídos por los asegurados para su exclusiva atención no tuvo ninguna consecuencia penal o administrativa. Estos últimos tienen derecho, además, a ser atendidos en los hospitales públicos, porque son financiados con los impuestos que también ellos pagan: los asegurados solventan la sanidad por partida doble. En cambio, quienes carecen del seguro social, mal pueden recurrir al IPS, que es solventado por los asegurados y empleadores, y porque también esta entidad carece de fármacos, insumos e instalaciones adecuadas.
Así las cosas, en el proyecto en marcha se unen el hambre y las ganas de comer. En realidad, la llamada optimización estratégica de recursos, buscada con afán por el Poder Ejecutivo, es una historia que, en pequeña escala, se remonta al menos a 2017, cuando el Centro de Salud de Ayolas y el Hospital Regional del IPS (Integrado) unificaron sus servicios para bien, sobre todo, de nueve médicos que atendían en ambas instalaciones, pues las del primero eran “vulnerables”.
Ahora resulta que dirigentes sociales de la ciudad exigen la cancelación del convenio entre el Ministerio y el IPS, porque el sistema habría fracasado. Según uno de ellos, el acuerdo “genera desigualdades: los asegurados (...) encuentran cupos agotados para turnos y estudios; cuando faltan medicamentos en el IPS, los de Salud Pública se entregan; a la inversa, no ocurre lo mismo”. Como se ve, se trata de una situación compleja. En fin, solo se habrían unificado las carencias, siendo previsible que el fracaso de Ayolas se repita a nivel nacional.
Para peor, aparte de que el Estado sigue sin contribuir al IPS, el Ministerio adeuda a la entidad previsional más de 70 millones de dólares por las atenciones prestadas a pacientes no asegurados durante la pandemia del coronavirus. Es de temer que el “frente único de salud” la desangre aún más, empeorando la desde ya muy mala atención dada a los 1.700.000 asegurados y jubilados.
Se necesitan cuentas claras, en uno y otro integrante de la alianza en marcha, que más bien parece un intento de atenuar las múltiples carencias de los servicios prestados por el Ministerio, a costa del ya descalabrado IPS. Tanto los contribuyentes en general como los asegurados en particular tienen el derecho fundamental a la salud, vulnerado por la corrupción y la ineficiencia reinantes en el sistema sanitario.
La reiterada iniciativa no llegará a buen puerto mientras persistan los conocidos vicios de la administración pública y lo que se busque es atenuar las carencias de los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio, a costa de quienes solventan la entidad previsional.