No es un simple caso de mentira académica. Es la historia de un “alumno fantasma” que, armado con un título de abogado cuya carrera nunca cursó, llegó a integrar y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano constitucional encargado de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos.
Como un impostor sentado en la cima del control judicial. La imagen es tan dantesca que duele. Y tan reveladora que obliga a mirar más allá del condenado.
La abogacía no es un título colgado en la pared ni un adorno curricular. El abogado es quien administra, en nombre del Estado y de la sociedad, bienes sagrados: la libertad, la propiedad, el honor, los derechos más íntimos de las personas. Igual que el médico que toca el cuerpo y la vida, el abogado toca el destino de las personas.
Permitir que alguien ejerza esa profesión sin idoneidad no es una irregularidad administrativa menor: es una traición profunda a la confianza pública. Y cuando ese alguien usa el título falso para trepar a cargos de poder político y judicial, la traición se vuelve sistémica. Deja de ser un delito individual y se convierte en una herida institucional.
La condena a Rivas no cierra el capítulo. Lo abre de par en par. Porque nadie con un mínimo de lucidez cree que todo el esquema se armó solo para él. Universidades de garaje, autoridades que firman sin verificar, controles educativos que miran para otro lado, matrículas otorgadas con ligereza, designaciones políticas que no exigen más que un papel con sello.
Si Rivas pudo llegar tan lejos, ¿cuántos más pudieron? ¿Cuántos títulos de la misma factura circulan todavía en escritorios, en estudios jurídicos, en cargos públicos? ¿Cuántos “abogados” habilitados administran patrimonios, defienden causas, firman escritos y ocupan posiciones de poder sin haber recorrido jamás el camino académico que juran haber transitado? Y ni pensar si esta ligereza también benefició a falsos cirujanos, psiquiatras, enfermeros o ingenieros.
Las responsabilidades en cadena no pueden quedar impunes. Quienes emitieron el certificado de estudios y el título sabiendo –o debiendo saber– que no existía un recorrido académico real; quienes lo registraron en el Ministerio de Educación y Ciencias; quienes otorgaron la matrícula en la Corte Suprema de Justicia; quienes lo designaron, una y otra vez, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desde ambas cámaras del Congreso; quienes callaron; quienes facilitaron; quienes, por comodidad, por lealtad política o por simple indolencia, decidieron no mirar demasiado de cerca.
El caso Rivas no es un accidente aislado: es el síntoma más visible de una olla podrida que fermentó durante años bajo la mirada cómplice o negligente de autoridades educativas, políticas y judiciales, y, cómo no, del cartismo que colocó, a sabiendas, al más inidóneo de todos, tal vez como una bofetada al pueblo, como una demostración de poder, como una burla o como una estrategia.
Ahora llega el verdadero desafío. Para la Corte y los tribunales: los pedidos de nulidad que, en cadena, pueden llover sobre actos firmados, resoluciones dictadas y decisiones tomadas bajo la sombra de un título inexistente.
No se trata de sembrar caos ni de destruir la seguridad jurídica. Se trata de no enterrar la verdad bajo el manto de una “seguridad” construida sobre mentiras. Porque no hay seguridad posible cuando la base es falsa. Cada resolución firmada por alguien que no era lo que decía ser arrastra consigo una sospecha legítima. Y esa sospecha no se disuelve con el silencio.
Para las autoridades educativas –el Consejo Nacional de Educación Superior, el Ministerio de Educación, las agencias de acreditación– la obligación es aún más impostergable: revisar, auditar y depurar. No se puede seguir habilitando carreras que nunca existieron, ni entregar títulos como si fueran souvenirs de frontera.
La Universidad Sudamericana, esa institución precaria vinculada a redes oscuras, no es un caso único. Es el ejemplo más escandaloso de un modelo que priorizó el negocio sobre el rigor, la cantidad sobre la calidad, el papel sobre el conocimiento. Mientras no se audite de raíz el sistema de habilitación y control de títulos universitarios, seguirán naciendo nuevos fantasmas.
Hay algo profundamente paradójico y trágico en este episodio. Un hombre que nunca fue abogado llegó a juzgar a los jueces. Un fantasma académico se sentó en la mesa donde se decide quién merece permanecer en la magistratura.
Durante años ocupó espacios de poder con una credencial inventada, y cuando la verdad finalmente lo alcanzó, no fue solo él quien quedó expuesto: quedó expuesta una arquitectura de impunidad que permite, tolera y a veces celebra la simulación. La Justicia, en su sentido más alto, no puede convivir con la impostura. La política, cuando se alimenta de títulos falsos, deja de ser representación y se convierte en engaño.
La sentencia de ocho años es un golpe necesario, pero será solo un gesto vacío si no se convierte en el punto de partida de una limpieza profunda. Revisar los demás títulos. Investigar las demás universidades de papel. Exigir responsabilidades a quienes abrieron la puerta y a quienes no la cerraron. Porque un país que permite que se administre justicia, libertad y derechos con credenciales falsas no tiene derecho a hablar de Estado de derecho. Tiene, apenas, el deber de avergonzarse.
La olla está destapada. El hedor es insoportable. Ahora toca limpiarla de verdad. O resignarse a vivir, una vez más, en la podredumbre.