Fitch Ratings, la más renuente de las tres grandes calificadoras internacionales de riesgo en conceder el grado de inversión a Paraguay, se ratificó en mantener al país todavía en el grado especulativo, lo que frustra la meta que había declarado el presidente Santiago Peña de obtener “el triplete” en 2026. Más importantes son las razones que esgrimió, y que dan la pauta de que los agentes crediticios e inversores extranjeros han tomado buena nota de las inconsistencias evidenciadas por el Gobierno. Habrá que ser muy serios de ahora en adelante para recuperar la credibilidad perdida, pero las señales no van en ese sentido.
En diciembre de 2025, después de que Standard & Poor’s se sumara a Moody’s en elevar la calificación de Paraguay, el jefe de Estado reaccionó con euforia. Dijo que “en 2026 vamos a arrancar con todo”, que el crecimiento sería del 6% y que se buscaría convencer también a Fitch para hacer “el triplete”.
En ese momento el ministro de Economía todavía era Carlos Fernández Valdovinos, oficialmente se mantenía el cronograma fiscal prometido a inicios del mandato, según el cual debía retornarse al tope del déficit del 1,5% del PIB este año, y la administración no reconocía en la contabilidad estatal los atrasos con proveedores y contratistas, que atribuía a procesos administrativos internos, entre otros intentos de justificación.
Para abril la situación se había vuelto insostenible, lo que precipitó el cambio del ministro Fernández (sigue como consejero de Itaipú, solo que ya no ad honorem, sino con remuneración), quien había hablado de la necesidad de implementar una “economía de guerra”. La excusa fue que se había producido una caída de las recaudaciones aduaneras por efecto del tipo de cambio, pero la realidad era que existía un enorme descalce en las finanzas públicas, una muy pobre gestión del gasto frente al ingreso real y las posibilidades de financiamiento, y un ya inocultable maquillaje de las cuentas estatales.
Su sucesor, Óscar Lovera, llevó adelante el impostergable sinceramiento con aval del Fondo Monetario Internacional, regularizó algunos pagos, aunque quedó la mayor parte para 2027, y reprogramó el cronograma del déficit, pasando el regreso al tope para 2028. Este año el saldo rojo admitido de la administración central será del 3,2% del PIB (más del doble del prometido), con un crecimiento del 4,5%, frente al 6% que había proclamado Peña.
Pero eso fue prácticamente todo. No se hizo ni se intentó una sola reforma, se presentó un proyecto de presupuesto general para el próximo ejercicio sobre bases poco realistas; por ejemplo, con un tipo de cambio muy superior al del mercado, estimaciones de ingresos muy difíciles de alcanzar, y un pronóstico de crecimiento demasiado optimista, pese a que ya se están manifestando claras señales de desaceleración. Para colmo, el Ejecutivo y el Legislativo cedieron ante presiones sectoriales en tiempo electoral, ya se incluyeron aumentos salariales para médicos y docentes, y el proyecto todavía ni ha llegado a plenaria en las cámaras.
Fitch Ratings señaló en su informe que, con la acumulación de atrasos y la postergación del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno repitió la situación de 2023, por desviaciones de la regla desde 2019 (pandemia de por medio), lo que “debilita la credibilidad de la política fiscal”. La consultora pone en duda el cumplimiento del nuevo cronograma y estima que en 2028 el déficit todavía será de, cuanto menos, el 2% del PIB.
También cuestionó el fuerte crecimiento del crédito de consumo, algo que ya fue advertido por el FMI, con una morosidad en el segmento del 5,2%, por encima de lo que se considera razonable.
Aunque no lo menciona, hay otros aspectos institucionales que también influyen. El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, se refirió al caso Hernán Rivas, que generó “mucha vergüenza” por la percepción internacional del país, y la promulgación de dos decretos energéticos, modificados en abril y derogados en junio.
Como dice Duarte, llegar al grado de inversión es difícil, pero mantenerse lo es todavía más. Si el Gobierno vuelve a incumplir sus nuevos compromisos por presiones políticas, si no hace los ajustes necesarios y no insiste en atacar los puntos débiles, el descreimiento aumentará y se hará irreversible.