Ni el IVA a los vehículos híbridos o eléctricos, ni un potencial gravamen a las reservas de utilidades, están previstos en la legislación vigente, por lo que su eventual implementación necesariamente implicaría la creación de impuestos no existentes y la carga de más tributos sobre la ciudadanía, no importa cómo lo quieran maquillar.
Está claro que no se trata de un simple ajuste reglamentario para “cerrar vacíos legales”, como lo están queriendo presentar, sino propiamente del aumento y de la imposición de nuevas contribuciones. Tanto es así que el propio Orué reconoció que se tienen preparados proyectos de ley para remitirlos al Congreso, ya que tanto la creación de nuevos impuestos como la eliminación de exenciones legalmente reconocidas únicamente pueden hacerse con plena sanción del Poder Legislativo.
Dijo además que la DNIT proyecta recaudar 11 millones de dólares en el primer año con un IVA del 5% a los vehículos eléctricos e híbridos, hoy exentos. Reveló que la idea inicial era del 10% y que la tasa propuesta se redujo a la mitad tras conversaciones con la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias. Admitió que se requiere una ley previa, por lo que no se sabe aún si va a entrar en vigencia de 2027.
Señaló que hay vehículos de 30.000 a 100.000 dólares “que no pagan nada” y alegó que la Constitución establece que el impuesto se paga sobre la capacidad contributiva. Pero no importa cuál sea la justificación. Lo que no se puede negar es que sería un nuevo impuesto que hoy no existe, pese a la promesa de Santiago Peña a la ciudadanía de no crear ni elevar tributos, y a la supuesta “posición política” del Gobierno en ese sentido.
Peor aún es el caso de las llamadas “reservas facultativas”, que no solamente afectaría a miles de empresas del país, sino que nuevamente recaería sobre el sector formal de la economía, el que tiene todo en regla de acuerdo con la normativa establecida, que es al único al que podrían controlar.
Una vez descontado el Impuesto a la Renta Empresarial, las empresas pueden decidir si distribuyen las ganancias netas de cada ejercicio en forma de dividendos entre sus accionistas o si reservan una parte o todo para reinversión, previsiones, estabilidad o liquidez de la compañía. La ley exime de impuestos a esta reserva a modo de incentivo, pero el Gobierno hace tiempo que insinúa que los dueños utilizan esa figura para eludir el pago del impuesto a la renta personal sobre las utilidades que les corresponden.
“No está mal enviar a reserva facultativa. Lo que está mal, a nuestro criterio, es que no haya una regla clara respecto a esa facultad que tienen las empresas”, dijo Orué, al tiempo de señalar que, en un total de 100.000 firmas, las reservas facultativas pasaron de 600 millones de dólares en 2019 a 9.500 millones de dólares en 2024.
En realidad, las reglas son clarísimas y los principios, también; lo que ocurre es que el Gobierno quiere cambiarlas. En una economía libre, las empresas privadas, después de cumplir todas sus obligaciones y pagar todos sus impuestos, deberían poder hacer con el resto lo que mejor les pareciere. Si decidiesen no distribuir dividendos, el fisco no tendría por qué cobrarles a los accionistas sobre algo que no recibieron. Pero el Gobierno observa el monto ahorrado por las compañías, ve allí una fuente de ingresos y quiere sacarle una tajada. En la práctica, eso significaría un nuevo impuesto, distinto a los que están legalmente instituidos.
La administración de Santiago Peña no se puede quejar de los contribuyentes, después de varios años de récord en las recaudaciones, generadas a partir de un crecimiento económico liderado por el sector privado. El problema es que, en contrapartida, no ha tenido la voluntad ni el coraje de reformar el Estado y racionalizar el gasto público, por lo que busca la manera de exprimir aún más a la ciudadanía. Pero entonces que no recurra a artilugios, que no intente engañar a la gente, que llame a las cosas por su nombre y que asuma el costo político de sus decisiones.