Hay lugares que, con el tiempo, dejan de ser lo que prometieron ser. El Senado de la República, esa casa que debería custodiar la palabra pública, ha ido convirtiéndose en otra cosa: un recinto donde el silencio se compra y el favor se cobra.
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) lo dijo sin reparos. “Están usando el Parlamento como un aguantadero”. Y en esa frase, dicha con la voz de quien ya no tiene ganas de adornar la verdad, resuena algo más hondo que una denuncia: el cansancio de un país que ve cómo sus instituciones se vuelven refugio de quienes deberían servirlas.
El caso de Zenaida Delgado (tránsfuga colorada) no llega como un rayo en cielo sereno. Llega como la repetición de una música que ya conocíamos. Tres funcionarias cuentan, con la precisión de quien ha llevado las cuentas, un esquema de peajes salariales, de sumas que trepan a los cien millones de guaraníes por un nombramiento, de préstamos que la propia legisladora habría gestionado para asegurarse el cobro.
No es la primera vez. Ya el año pasado el mismo rumor –entonces con Gustavo Vera Santander, pareja de Delgado cobrando a empleados– recorrió los pasillos. Entonces se guardó silencio. Ahora los testimonios, los instrumentales, los audios y los mensajes están sobre la mesa. Y Paredes, con la claridad de quien ha decidido no mirar hacia otro lado, recuerda: “Tenemos testigos, tenemos instrumentales”. La pregunta que queda flotando es tan simple como antigua: ¿qué más hace falta para que el poder se mire al espejo?
La senadora no se detiene en el relato. Anuncia el gesto que le corresponde al Congreso: presentará el pedido de pérdida de investidura. “Yo voy a presentar la pérdida de investidura de esta señora”, afirma. Y en ese “yo” hay una asunción de responsabilidad que el resto de la Cámara prefirió esquivar, emulando un poco a Al Capone, experto en “mirar para el costado”.
La respuesta no puede seguir siendo la de siempre: “que investigue la Fiscalía”, “que el tiempo haga lo suyo”, “que la política no se ensucie las manos”. La Constitución entrega a los senadores la facultad –y la obligación– de dar una respuesta política cuando uno de los suyos convierte el cargo en negocio o el Congreso en copetín. Seguir eludiendo esa responsabilidad es, en el fondo, elegir el aguantadero.
Posiblemente abrumado por la notoriedad del caso, el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que designó a la agente fiscal Marlene González para investigar el caso.
La memoria, sin embargo, es incómoda. Por mucho menos se expulsó a Kattya González. Entonces el oficialismo supo actuar con “rapidez” y sin demasiados escrúpulos. Hoy, ante un patrón más prolongado –el vehículo del Estado chocado y reparado con dinero público, las renuncias masivas en una comisión por los aprietes del entorno, los peajes que se repiten–, el mismo bloque se vuelve cuidadoso, casi protector.
Paredes lo dice con la crudeza que la ocasión exige: quiere saber si el peñismo y el neocartismo seguirán apañando. Esa es, al final, la decisión política que el país observa. No la de los comunicados sino la de los votos.
En estos mismos días, desde otro púlpito, monseñor Gabriel Escobar recordó lo que no debería olvidarse. “No podemos permanecer indiferentes ante la corrupción, el uso indebido de los bienes públicos, la impunidad”. El Paraguay, dijo, no pertenece a quienes tienen poder, dinero o influencia.
Hace tiempo que nuestro país no atraviesa una sucesión tan densa de escándalos. No se trata de farándula ni de chismes de pasillo. En este caso, se trata de funcionarios que dicen haber sido obligados a transferir sus bonificaciones y a endeudarse para pagar el derecho a trabajar.
Se trata de un Congreso que, en lugar de fiscalizar el uso de los recursos públicos, parece haber aprendido a proteger a los suyos. “¿Con qué cara vamos a salir a la calle a hablar con la gente”, siendo que el propio Parlamento es un aguantadero delincuente?”, preguntó Paredes. La pregunta no es retórica. Es la que se hace, en voz baja, quien todavía cree que las instituciones pueden ser algo más que un concepto creado dentro del presupuesto del Estado.
La pérdida de investidura no es un acto de venganza. Es el gesto mínimo cuando las pruebas se acumulan y la conducta se reitera. “¿Qué defensa le vamos a dar? Hace tres años que viene jodiéndonos a todos acá”, agregó la senadora, con respecto a su colega Zenaida Delgado. Hay en esa frase una fatiga que no es personal. Es la fatiga de quien ha visto, una y otra vez, cómo el poder se arrodilla ante el peaje y luego pide respeto.
Los testigos están declarando. Los documentos están. El tiempo de las dilaciones elegantes se agotó.
El Senado tiene la atribución constitucional de resolver esta repugnante situación. No hace falta esperar a que una investigación judicial se dilate o se archive. La decisión política es ahora. Si el peñismo y el neocartismo eligen seguir apañando, la ciudadanía sabrá de qué lado se puso el poder. Si, por el contrario, acompañan el pedido de pérdida de investidura, habrán dado una señal –mínima, pero necesaria– de que el Parlamento puede dejar de ser un aguantadero.
La ciudadanía ya no se traga los relatos de “persecución” ni los de “farándula”. Las pruebas están. Los testigos están. Y una senadora ha puesto el dedo en la llaga con una frase que quedará: el Parlamento se usa como aguantadero. El resto es decisión política. Y el tiempo de las decisiones verdaderas, las que no se esconden detrás de la institucionalidad vacía, ya no puede demorarse.
Donde el poder se arrodilla ante el peaje, la República no tiene futuro. Tiene, apenas, un refugio.