El Centro Penitenciario Martín Mendoza, de Emboscada, supuestamente de “máxima seguridad”, fue escenario de la bochornosa fuga de un condenado por secuestros y de otro por narcotráfico. Tras haber cortado barrotes de una celda del sector de “alta seguridad”, nada menos, se valieron de sábanas y frazadas para superar dos muros y huir en horas de la madrugada, con toda calma. Pareciera que los guardias tomaron un fuerte somnífero, lo que les “impidió” ver a los fugitivos. También resultó vergonzoso ver en una de las escenas filmadas cómo un guardia corría con una bolsa llena al parecer de celulares que habrían estado en poder de los reclusos, aparentemente para que no sean requisados en una posterior inspección. No se descarta que tras la intervención fiscal y policial en busca de pistas podría llevar a que más funcionarios aparezcan implicados. Por de pronto, fue destituido el director general de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. (SR) Rubén Peña, y fueron detenidos el director del penal, Pablo Abel González, y seis agentes penitenciarios, así como el exdirector de Inteligencia Penitenciaria, Subcomisario Derlis Cáceres.
En el día de ayer, una comitiva encabezada por la fiscala Fabiola Jazmín Sosa se constituyó en el Ministerio de Justicia, para retirar posibles evidencias de un esquema corrupto que operaría en las prisiones. Curiosamente, más tarde renunció el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, tras admitir que su hermano es abogado de uno de los presos vip de Emboscada.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, puso el dedo en la llaga al señalar “lo complejo que es cuando se tiene en custodia a altos perfiles con alto poder adquisitivo y de influencia sobre las personas que manejan las penitenciarías”. En otros términos, la corrupción reina en ellas, como bien se sabe desde hace tiempo, sin que hasta la fecha haya podido ser combatida con cierto éxito. Habrá que ver si se toman severas medidas para sanearla. Los antecedentes no inducen al optimismo, aunque –hay que decirlo– el temible Clan Rotela haya perdido en 2023 el control de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, al cabo de la Operación Veneratio, que implicó “un antes y un después en el sistema penitenciario”, según dijo entonces el ministro citado. Pese a su grandilocuencia, pese al mencionado éxito, el “después” no parece hoy muy diferente al “antes”.
Resta muchísimo por hacer. El sistema sigue estando bajo sospecha. Según la Constitución, las penas privativas de libertad deben servir para readaptar a los condenados y proteger a la sociedad: el primer propósito está muy lejos de cumplirse, pues la tasa de reincidencia llegaría al 35%. En cuanto al segundo, la experiencia enseña que no se puede confiar ni siquiera en las prisiones de “máxima seguridad”, cuya denominación resulta francamente ridícula, a estas alturas.
Las tan repudiables celdas para “personas muy importantes” (vip), también descubiertas nuevamente en esta última ocasión, evidencian el influjo del dinero sucio, tanto que se podría decir que los delincuentes suelen estar vigilados por colegas de uniforme. Por algo nuestras máximas autoridades reconocen que el crimen organizado permea las instituciones del Estado, comenzando por las cárceles, se podría decir.
Existe todo un Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria que, por lo visto, no inculca a los alumnos el compromiso de ser diligentes y de abstenerse de cometer delitos en el ejercicio del cargo, obviedades que nunca está de más recordar en un país tan castigado por la negligencia y la deshonestidad en el cargo público.
Es evidente que urge mejorar notablemente la calidad del personal carcelario, así como ampliar aún más las instalaciones penitenciarias, que hoy encierran a unos 21.000 reclusos. A todas luces, no son pocos los que allí aprenden nuevas prácticas delictivas y hasta imparten instrucciones a sus compinches en libertad por teléfonos celulares a los que, por lo visto, acceden sin mucha dificultad. Habrá que ver las medidas que se tomen tras lo acontecido en una prisión –cabe repetirlo– de “máxima seguridad”: serían prioritarias las que saneen de una vez por todas el sistema carcelario, contaminado por la corrupción desaforada. Que esta experiencia vergonzosa implique en verdad “un antes y un después“: los delincuentes a sueldo del erario deben ocupar una celda y no una oficina.
Por de pronto, son plausibles las disposiciones ya tomadas en este caso, siendo de esperar que sean seguidas por otras de mucho mayor alcance, en defensa de la sociedad azotada por bandidos de guante blanco y de los otros. El presidente Santiago Peña dijo en su momento que la Operación Veneratio fue “histórica y sin precedentes”, habló de “descomprimir” y “limpiar” las cárceles de “los elementos que las pudren”, adelantó que la lucha no será fácil ni breve y aseguró estar dispuesto a “ir hasta el final” para que las familias vuelvan a sentirse seguras. Y bien, como resta muchísimo que hacer, hay que apresurarse para abreviar la lucha, aunque sea difícil. Tal como se ven las cosas, el final no está muy cerca, pero precisamente por eso hay que librar el combate con mucha mayor energía.