En medio de la crisis que desató el proceso de resolución de Ueno Bank, el Congreso discutió normas que pretenden utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en esa entidad.

El proyecto de ley presentado ante el Senado, que buscaba ampliar excepcionalmente la garantía del FGD para el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, las cajas de Itaipú, Yacyretá, ANDE, Senave y otras instituciones estatales, no era una medida de protección social. Es un intento de socializar entre los ahorristas privados el costo de decisiones políticas y administrativas irresponsables. Esta parte del proyecto presentado no fue aprobada, sino que fue remitida a las diferentes comisiones para su estudio.

El FGD fue creado por ley para proteger a los depositantes del sistema financiero, especialmente a los pequeños y medianos ahorristas, hasta un límite de 75 salarios mínimos (aproximadamente G. 228,3 millones por persona y por entidad). Sus recursos provienen de las contribuciones de las propias entidades financieras y existen precisamente para garantizar que la quiebra o resolución de un banco no deje en la calle a quienes depositaron su trabajo y su confianza. No es un fondo soberano, ni una caja de rescate para el Estado, ni mucho menos un mecanismo para cubrir los excesos de la administración pública.

Ueno Bank llegó a concentrar entre US$ 800 y US$ 850 millones en fondos públicos, incluyendo alrededor de US$ 350-380 millones del IPS. Esos recursos superaban ampliamente el patrimonio efectivo de la entidad. Se depositaron y se mantuvieron allí a pesar de sumarios abiertos por el Banco Central por operaciones con vinculadas, a pesar de señales de deterioro de solvencia, y en un contexto de relaciones políticas conocidas entre el grupo controlador del banco y el Poder Ejecutivo.

Cuando el BCP intervino por un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo legal, el daño ya estaba hecho. Ahora se pretende, según el proyecto presentado y girado a comisiones, que el remanente del FGD, después de cubrir a los depositantes privados según la ley, se use para garantizar el 100% de esos fondos públicos.

La lógica que subyace en el proyecto es inaceptable: primero se protege al Estado, que eligió concentrar cientos de millones de dólares de jubilados y contribuyentes en un banco de alto riesgo, y después –si queda algo– se atiende a los ahorristas comunes. El FGD no tiene recursos infinitos.

Aunque en este momento cuente con más de US$ 1.400 millones, usar su remanente para cubrir depósitos públicos que exceden por mucho el límite legal significa reducir la capacidad de respuesta ante futuras crisis y, sobre todo, enviar el mensaje de que los riesgos de la gestión pública se trasladan a quienes menos tienen.

Los pequeños ahorristas de Ueno –la enorme mayoría de los tres millones de clientes– están cubiertos dentro del límite de 75 salarios mínimos. La ley ya les garantiza esa protección. Acelerar el pago de un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, como se ha sancionado en el Congreso, es una medida de alivio legítima y urgente. Pero ampliar la cobertura total y excepcional para los fondos públicos es otra cosa. Es convertir el fondo de los depositantes en el seguro de responsabilidad civil de funcionarios y autoridades que decidieron depositar allí el dinero de los paraguayos.

Los fondos públicos no son depósitos ordinarios. Son recursos de la seguridad social, de las cajas de jubilaciones de trabajadores de entidades binacionales, de la Caja Fiscal y de organismos del Estado. Su administración está sujeta a reglas de prudencia, diversificación y control.

Concentrarlos de forma masiva en una sola entidad, hasta superar el patrimonio de la misma, no es un accidente: es una decisión. Quienes tomaron esa decisión –en el IPS, en el Ministerio de Economía, en las cajas y en el propio poder político que impulsó o toleró esa concentración– deben responder. El costo no puede recaer sobre el FGD ni, en última instancia, sobre el sistema financiero que financia ese fondo y sobre los depositantes que dependen de él.

El artículo 2 del proyecto presentado autoriza expresamente al Banco Central a usar el remanente del FGD, después de calcular el aporte o garantía disponible para el proceso de resolución de Ueno Bank. Es decir: se cubre primero lo que la ley ya obliga a cubrir a los depositantes privados, y con lo que sobra se salva al Estado.

Esa formulación revela la intención. No se trata de proteger a los jubilados del IPS en abstracto –ellos merecen que se les pague con recursos del propio Estado o con la recuperación de activos del banco–, sino de evitar que el déficit patrimonial recaiga sobre el presupuesto público o sobre quienes tomaron las decisiones de inversión. Se prefiere agotar el colchón de los ahorristas.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios ya ha señalado con claridad que la urgencia de los pequeños ahorristas no debe servir de vehículo para aprobar, en el mismo paquete, una cobertura total y excepcional de los fondos públicos. Esa distinción es correcta y debe prevalecer.

El Congreso ha actuado con celeridad para anticipar pagos a los depositantes privados. Esa misma celeridad debe usarse para investigar, auditar y, en su caso, sancionar a los responsables de la concentración de fondos públicos en Ueno Bank. No para vaciar preventivamente el FGD.

Usar los últimos recursos del fondo de garantía de los ahorristas para cubrir el saqueo –o, en el mejor de los casos, la negligencia grave– de fondos públicos es una línea que no se debe cruzar.

El FGD existe para que la ciudadanía pueda confiar en el sistema bancario. Si se convierte en el mecanismo de rescate preferente de los depósitos del Estado, esa confianza se erosiona. El mensaje sería que el dinero de los jubilados y de los trabajadores puede arriesgarse sin límite, porque al final siempre habrá un fondo de privados para cubrirlo.

El proyecto, con respecto a ese punto, debe ser rechazado o modificado de raíz. La recuperación de los fondos públicos debe seguir los mecanismos ordinarios de resolución y liquidación, con la prioridad que la ley establezca, y con cargo a los activos del banco y, si es necesario, al presupuesto del Estado.

Los responsables políticos y administrativos deben ser identificados y procesados. Y el FGD debe permanecer intacto para aquello para lo que fue creado: proteger a los ahorristas.

No se puede salvar el despilfarro público con el dinero de los que ahorraron. Esa es la línea roja. Ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden cruzarla.