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Vergonzosa justificación a un alto jefe policial asalariado en el Grupo Vázquez

El comisario principal Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrimen, de la Policía Nacional (PN), recibía del Grupo Vázquez diez millones de guaraníes mensuales, por supuestos cursos impartidos a sus empleados. Según el comandante de la PN, comisario general César Silguero, los agentes policiales pueden ejercer la docencia privada, pero resulta que en este caso hubo un notorio conflicto de intereses; uno de los principales investigadores del caso Ueno Bank estaba a sueldo del investigado, para quien emitía facturas: de hecho, era un perito de parte. Llamativamente, el Ministerio Público pidió por nota la continuidad del comisario principal en la investigación, pese a que ya había salido a la luz su relación laboral con el Grupo Vázquez. ¿Acaso los fiscales intervinientes y la flamante fiscal general del Estado no creen que sus antecedentes le impedían intervenir en este caso de singular relevancia? Lo ocurrido dice mucho acerca de la penetración que ha tenido el conglomerado en el aparato estatal, gracias al patrocinio del ocupante del Palacio de López: las entidades públicas estuvieron sometidas a un poder político-económico que no reparaba en medios para quedarse con su dinero y con el de la gente.

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El comisario principal Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrimen, de la Policía Nacional (PN), recibía del Grupo Vázquez diez millones de guaraníes mensuales, por supuestos cursos impartidos a sus empleados. En la planilla de pagos, las asignaciones estaban presentadas como “Casos de Raquel Vázquez”, directora del conglomerado de medios de comunicación del grupo mencionado. Según el comandante de la PN, comisario general César Silguero, los agentes policiales pueden ejercer la docencia privada, pero resulta que en este caso hubo un notorio conflicto de intereses; uno de los principales investigadores del caso Ueno Bank estaba a sueldo del investigado, para quien emitía facturas: de hecho, era un perito de parte.

Las relaciones entre el comisario principal y el conglomerado habrían nacido luego de que, en setiembre de 2025, el primero haya brindado un informe técnico favorable a la compañía tecnológica Itti, parte del grupo; por tanto, el Ministerio Público desestimó la denuncia por sabotaje informático, formulada por el Banco Atlas. En este nuevo caso, tras negarse a relevar al comisario principal, porque “la Fiscalía pide por él: tienen plena confianza en su trabajo” (¡!), el comandante de la PN terminó apartándolo de la investigación, pero no así de la jefatura del departamento.

Llamativamente, el Ministerio Público pidió por nota la continuidad del comisario principal en la investigación, pese a que ya había salido a la luz su relación laboral con el Grupo Vázquez. ¿Acaso los fiscales intervinientes y la flamante fiscal general del Estado no creen que sus antecedentes le impedían intervenir en este caso de singular relevancia? No bastaba con que el cargo que ocupa en la PN haga presumir su idoneidad: también hacía falta que esté libre de la menor sospecha de que sus vínculos con el Grupo Vázquez puedan influir en su labor. Es inadmisible que el Ministerio Público se aferre a la intervención del “docente” de marras en una pesquisa que afecta a quien hasta no hace mucho fue su “patrón”. Pésimo ejemplo este, que podría ocasionar que otros miembros de la Policía busquen algún “rebusque” en empresas privadas bajo el ropaje de la docencia, convirtiéndose en asalariados y cautivos de las mismas.

Tras las publicaciones, el comisario Alarcón tuvo el tino de pedir que se le aparte de la pesquisa por obvios motivos que, por lo visto, son incomprensibles para el Ministerio Público. En el improbable caso de que este órgano carezca de peritos informáticos, lo que sería incomprensible, bien podría solicitar ahora la cooperación de otros para obtenerlos. Por lo demás, se plantea la pregunta de si el comandante de la PN sabía o no que el comisario principal Diosnel Alarcón estaba a sueldo del Grupo Vázquez. Hizo bien en separarlo de la investigación, pero hubiera hecho mejor averiguar el historial docente del subordinado y, en particular, sus lazos con el “holding”.

Todo indica que si ellos no hubieran sido revelados, el funcionario policial habría seguido siendo, de hecho, un empleado más del grupo al que estaba investigando, como si no hubiera habido incompatibilidad alguna. Ni el Ministerio Público ni la PN la han advertido, como si el hecho de que un asalariado indague a su empleador fuera lo más natural del mundo. El Grupo Vázquez no solo ganaba licitaciones y captaba fondos públicos como nadie; también tenía en su plantilla a un encargado policial de la lucha contra el cibercrimen que presuntamente capacitaba a sus empleados. Cuando el escándalo salió a la luz, el comandante de la PN se negó a separar al subordinado de las averiguaciones, en tanto que el Ministerio Público sigue empeñado en contar con sus servicios, como si lo acontecido fuera irrelevante.

Lo ocurrido dice mucho acerca de la penetración que ha tenido el conglomerado en el aparato estatal, gracias al patrocinio del ocupante del Palacio de López: las entidades públicas estuvieron sometidas a un poder político-económico que no reparaba en medios para quedarse con su dinero y con el de la gente. A tanto llegó su influencia que hoy el Ministerio Público lamenta que ya no pueda contar con el auxilio de un asalariado policial del Grupo Vázquez para detectar sus tropelías. No será fácil derribar el tenebroso entramado, pero hay que intentarlo con rigor e inteligencia, para que se haga justicia y las víctimas no se sientan abandonadas.

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