El conocido ganadero Luis Lindstron, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a fines de julio de 2008, fue muerto ayer a balazos en Tacuatí, en plena zona de operaciones del citado grupo ilegal. Si bien no está confirmado que el crimen haya sido obra del EPP, sí puso en evidencia la inseguridad reinante en el lugar y el terror y la zozobra que este grupo armado continúa sembrando ante la evidente inutilidad de las autoridades que se han sucedido desde la administración de Nicanor Duarte Frutos hasta la actual.
A las puertas de la asunción de un nuevo Gobierno, la ciudadanía debe exigirle que tome con la debida seriedad la amenaza que representa el EPP para poner fin a la violencia de esta banda criminal. Como ningún otro presidente desde el advenimiento de la libertad, Horacio Cartes tiene por delante la ímproba tarea de rectificar el rumbo de la conducción nacional, por los graves problemas que enfrenta nuestro país.
Para la misma articulación e implementación de nuestra política exterior, que enfrenta numerosos desafíos, el nuevo Gobierno no podrá tener éxito si no pone antes la casa en orden, corrige los entuertos y neutraliza las amenazas que debilitan al Estado desde adentro, para poder defender los intereses nacionales en el contexto de las relaciones internacionales.
En ese sentido, uno de los mayores desafíos domésticos del presidente electo es frenar la creciente ola de inseguridad pública, tanto en las ciudades como en el campo. Aunque la delincuencia urbana resulta preocupante, potencialmente más peligrosa para la seguridad interna del país es la que perpetra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), banda terrorista que desde hace casi diez años se enseñorea impunemente en los departamentos del norte sin que tres gobiernos sucesivos hayan podido terminar con sus andanzas delictivas, pese al despliegue –más teatral que efectivo– de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
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Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco se han mostrado renuentes a tomar el toro por las astas y reconocer que el EPP no es una simple banda criminal asociada a narcotraficantes, sino un grupo insurgente terrorista que, mediante amenazas y acciones violentas, busca influenciar al Gobierno e intimidar al país con la finalidad de imponer una doctrina política o ideológica.
Mientras el EPP proclama en forma abierta la táctica y la estrategia extremistas con las que, en efecto, actúa cada vez con mayor desembozo, matando a decenas de policías y a gente inocente y trabajadora como el señor Lindstron, y sembrando el terror en sus zonas de influencia, el Gobierno se cruza campantemente de brazos, admitiendo impúdicamente que no está en condiciones de acabar con la organización terrorista que hasta hace poco tiempo contaba apenas con medio centenar de “combatientes” entrenados. La cantinela de la que se valen hasta ahora los responsables del orden y la seguridad públicos para excusar su inoperancia es la “ausencia del Estado” en las zonas dominadas por esta organización terrorista; admisión explícita de la irresponsabilidad gubernamental. La hueca retórica y la exasperante inacción de la fuerza pública han posibilitado el crecimiento de la organización terrorista hasta el punto de poner en jaque a poblaciones enteras y a las actividades productivas de la región, donde operan sus “soldados”.
No cabe duda de que la acción del EPP en el campo está incentivando de alguna manera el aumento de la actividad de las bandas delictivas que mantienen en zozobra a los habitantes de las ciudades, en particular en la capital y el área metropolitana. Así como el EPP tiene sus “zonas liberadas” y santuarios en las áreas rurales, en Asunción, poco a poco, los delincuentes van haciéndose de “territorios” (plazas, cuadras y hasta barrios enteros), como los conocidos “Barrio Chino”, Cambala, Chacarita y otros, donde decretan su propia ley y cobran “peaje” a humildes pobladores, automovilistas y comerciantes a cambio de protegerlos, forzando a pagar a los que se resisten con ataques a sus personas y a sus propiedades, tal como ocurría en las favelas de Río de Janeiro hasta que el Estado restableció su presencia mediante el uso de la fuerza.
El paso del tiempo y la ineficacia de la Policía Nacional para frenar sus andanzas han probado que el EPP es, efectivamente, no una simple gavilla de delincuentes sino una organización terrorista que domina territorios claramente demarcados en los que obtiene parte de sus recursos económicos mediante su participación en el narcotráfico y los secuestros, robos a mano armada y abigeato que practica.
La brutalmente eficaz “ley” decretada por el EPP en su zona de acción le facilita ganarse adeptos, incluso entre los propios agentes del orden destacados en el lugar. En los pocos casos en que la Policía Nacional ha logrado capturar a algunos de sus miembros, combatientes o colaboradores, sus condenas han devenido poco menos que imposibles por falta de pruebas, pues, por lo general, los testigos potenciales guardan silencio por lealtad o por temor. Esto deja en claro que el EPP pretende –y en cierta medida lo está consiguiendo– crear su propio “estado” dentro del Estado, a semejanza del crimen organizado alrededor del mundo, que coexiste con el Estado, si este es corrupto y débil, en relación simbiótica. Ya lo hace actualmente en parte del territorio colombiano, las regiones fronterizas de México y algunas regiones andinas. Estudios cercanos de este fenómeno criminal sugieren que el poder del crimen organizado y de otros nuevos actores políticos ligados a él no será un fenómeno transitorio sino una amenaza significativa, resistente a la intervención con la que el Estado usualmente la ha combatido.
Ante esta seria crisis, el presidente Horacio Cartes se verá en la necesidad de actuar con absoluta firmeza. Casi una década de aparatosos despliegues de la fuerza pública, de millones de dólares despilfarrados en compras de armamentos y equipos para la Policía Nacional, así como en su empleo operacional (incluyendo recompensas a informantes), con nulos resultados, deben convencerlo de que será inútil continuar la lucha con más de lo mismo. Categóricamente, está visto que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas tienen capacidad operativa para desmantelar el aparato terrorista conformado por el EPP. Necesariamente tiene que formarse una fuerza militar de élite, equipada con armamento y equipos de alta tecnología y entrenada por asesores militares expertos en la lucha antiguerrillera, colombianos o norteamericanos, por citar a los países que más experiencia tienen en este tipo de guerra irregular.
La lucha por rescatar a los habitantes de una rica zona productiva –como Concepción y San Pedro– de las garras de la inseguridad y zozobra no puede esperar ni un día más. Ya no debe haber otros mártires como Luis Lindstron.