Un grupo de camioneros decidió –por sí y ante sí, como suele hacerse últimamente– clausurar la ruta de acceso y salida de Asunción más transitada en el lado norte, un tramo álgido de la ruta Transchaco, entre las localidades de Limpio y Mariano R. Alonso.
En consecuencia, numerosas poblaciones de las zonas servidas por esa arteria resultaron damnificadas por la dañina forma de protesta que este grupo mantiene, ante la vista pusilánime de los agentes policiales. Miles de transeúntes son demorados por horas en grandes embotellamientos. Miles de trabajadores no pueden llegar a su lugar de empleo, además de estudiantes, enfermos y una gran variedad de otras personas que necesitan acudir al centro de la ciudad o salir de él. Todos tienen que pagar las consecuencias porque a los camioneros se les antoja violar los derechos y garantías constitucionales referentes a la libre circulación.
Cuando la Policía fue a conversar con los bloqueadores se creía que iba a comunicarles oficialmente que venía a actuar con la determinación de hacer respetar la ley, el orden y los derechos de la mayoría ciudadana, pero resultó que fueron los manifestantes los que les hicieron sentir a los policías el poder de su autoridad, permitiéndose otorgarles una graciosa concesión: abrir la circulación durante unos minutos y luego volver a cerrar la vía, cuantas veces quisieran y por el tiempo que les pareciera bien.
La ley establece que la Policía constituye la única autoridad en materia de orden y seguridad; la única, por tanto, que puede hacer uso lícito de la fuerza para cumplir su cometido. Pero en este caso de los camioneros –como en varios otros similares, anteriormente– lo que hacen los agentes del orden es convertirse en guardianes de manifestantes prepotentes que, siempre con la violencia de sus decisiones unilaterales e ilegales, se imponen a los demás habitantes del país como si ellos fuesen los dictadores y estos sus siervos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Esta vergonzosa claudicación de las fuerzas del orden ante un grupo de exaltados lleva a formular otra pregunta elemental: estos policías ¿actúan así por pusilanimidad, por ignorancia de la ley, por desorientación o por cobardía? ¿O lo hacen cumpliendo la orden superior del jefe de Policía, y este, a su vez, la del ministro del Interior o el Presidente de la República?
En caso de que exista una orden superior que haya dispuesto que no se moleste a los manifestantes y se les deje cometer todos los abusos e ilicitudes que quieran, entonces la pregunta debe extenderse: ¿qué gana el Gobierno siendo tan permisivo, tan tolerante ante actitudes como la de los camioneros que violan la ley, con las que ninguna persona sensata apoyaría?
Una acción tan negativa como la de estos bloqueadores de ruta, cuyo acto de protesta consiste en causar grandes perjuicios y molestias a personas que nada tienen que ver con sus problemas, no merece ser tolerada en nombre de la democracia y las libertades, porque no tiene nada que ver con estos valores. Los camioneros pudieron haber organizado sus actos de forma que fueran escuchados por el Gobierno, pero sin conculcar derechos ajenos ni atentar contra los intereses de tanta gente a la que convierten inicuamente en sus víctimas. Está visto que se puede hacer una gran protesta en forma lícita y lograr efectos contundentes: así lo demostraron los jóvenes estudiantes de secundaria y los universitarios, que con sus movilizaciones respetuosas y pacíficas sacudieron los cimientos mismos del corrupto e ineficiente sistema educacional de nuestro país. Y, contrariamente a lo que ocurre con los camioneros, que se ganan la repulsa de los ciudadanos que quieren trabajar, los estudiantes recibieron la simpatía y el apoyo generalizado de la población.
Ahora el Ministerio de Obras Públicas promovió una denuncia “contra personas innominadas” por el bloqueo de la ruta. Estamos seguros de que no son tan “innominadas”, pues los jefes policiales estuvieron negociando con ellas, de modo que pueden proporcionar sus nombres.
El Presidente de la República, su ministerio del Interior y la Policía Nacional deben proteger, por encima de todo, la libertad, los intereses legítimos y la seguridad de las personas. Después de esto viene lo demás, en inferior orden jerárquico, como por ejemplo el derecho a protestar y manifestarse. Pero aun esto está también estricta y legalmente protegido, toda vez que se enmarque dentro de lo que establecen las leyes.
El derecho que la ley concede a las personas de manifestarse públicamente debería ser empleado como un instrumento de presión sobre las autoridades, y no como un instrumento de opresión sobre las demás personas. Es lamentable que esta verdad tan elemental no sea cabalmente comprendida por quienes tienen la obligación de proteger y promover el bien común y desalentar las acciones que solo convienen a los intereses de grupos violentos o egoístas.