Quienes hayan tenido la oportunidad de sobrevolar las campiñas brasileñas y paraguayas sobre el estado de Paraná y nuestra Región Oriental y, por consiguiente, de igual feracidad, habrán podido observar el llamativo contraste existente entre una y otra región en cuanto a muchas de las explotaciones agrícolas se refiere. En efecto, mientras en el lado brasileño las fincas agrícolas tienen una extensión de 100 y más hectáreas, en el lado paraguayo las colonias conforman un tablero de pequeños minifundios, excepto en las regiones o colonias pobladas por descendientes de inmigrantes extranjeros, tales como “brasiguayos”, alemanes, eslavos, japoneses y brasileños, donde la explotación agrícola tiene características semejantes a las del vecino país, tanto por la extensión de las fincas como por la explotación racional y mecanizada de la agricultura.
Como es sabido, mientras los enclaves del campesinado paraguayo albergan a más de un millón de habitantes por debajo del nivel crítico de pobreza, los correspondientes a las poblaciones de ascendencia extranjera gozan de una prosperidad económica comparable a la de los países desarrollados. ¿Por qué esta contrastante diferencia, labrando ambas el mismo fértil suelo de nuestro país? En primer lugar, como lo señalaba hace un siglo el ilustre hombre público paraguayo Eligio Ayala: “Muchas leyes agrarias se han dictado en nuestro país y en la mayor parte de ellas se acusa la intención de proveer de tierras de cultivo a los agricultores, pero se ha olvidado siempre la necesidad de educarlos, de cultivar su aptitud para producir, de despertar su iniciativa” (las negritas son nuestras). En segundo lugar, desde hace más de cien años los gobiernos de turno han pretendido proveer de tierras de labor a los que carecen de ellas mediante las sempiternas “reformas agrarias”, que más bien han servido a fines políticos sectarios antes que al bienestar del campesinado paraguayo. El resultado lo tenemos a la vista: conglomerados de minifundios mal explotados debido, primariamente, a la falta de una educación básica de sus ocupantes y, subsidiariamente, a la de una política de asistencia del Estado, técnica, económica y comercial.
La agricultura y la ganadería, es decir alimentos, son hasta ahora las fuentes más importantes de la producción económica nacional. La ganadería junto con los monocultivos mecanizados de la soja y el trigo constituyen actualmente la producción agraria triunfante en nuestro país. Mientras tanto, la agricultura minifundista tradicional no ha prosperado en absoluto.
Ahora, el gobierno del presidente Horacio Cartes ha establecido un ambicioso programa de combate a la pobreza basado en la promoción de la productividad agrícola campesina mediante asistencia técnica, crediticia y comercial. Esto último, comprometiendo a las instituciones públicas a adquirir alimentos de producción nacional directamente de los productores, obviando la cadena de intermediarios que se apropian de los beneficios que debieran corresponder a aquellos.
A todas luces, la iniciativa gubernamental puesta en práctica es auspiciosa, pues la ironía del drama del campesinado pobre, con o sin tierra, es que, existiendo tantas condiciones para liberarlo del círculo de pobreza e ignorancia que lo tiene aprisionado, hasta ahora ningún gobierno, imperdonablemente, ha tenido la voluntad política suficiente para arremeter con todo contra este secular infortunio del Paraguay. Tal como lo está visualizando el gobierno del presidente Cartes, el punto de partida de ese esfuerzo centrado en la disminución de la pobreza mediante el mejoramiento de la productividad agrícola de los campesinos minifundistas es una política de Estado que involucra a todas las reparticiones públicas, incluida la cooperación de los empresarios que obtienen beneficios que lucran con la explotación agrícola a gran escala. El paso del tiempo ha probado que el Indert solo jamás podrá ser la panacea para resolver el agudo drama campesino, sea cual fuere la eficacia de gestión que despliegue.
Como ha hecho el Gobierno de la India para mitigar la extrema pobreza campesina, el Gobierno nacional debe establecer impuestos que graven de forma justa la tierra en sí, como elemento básico de la producción agropecuaria. A partir de esos impuestos establecidos, ofrecer a los grandes productores agropecuarios incentivos fiscales vinculantes con los mismos, a cambio de proporcionar asistencia económica, técnica y de comercialización a los pequeños agricultores minifundistas asentados en las áreas de influencia de sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Con esta política, el Gobierno de la India consiguió mejorar el ingreso per cápita de sus agricultores pobres del magro 20 o 25 por ciento de su valor de venta en detalle –típico del campesinado de los países en vías de desarrollo, como el Paraguay– a 40 o 50 por ciento, como los agricultores de los países desarrollados.
Este andarivel de combate a la pobreza debe convertirse no solamente en una política de Estado, sino en una suerte de causa nacional, de modo que esa paupérrima masa campesina pueda ir mejorando su productividad mediante educación, tecnología y asistencia crediticia y comercial hasta emerger como una genuina clase media rural paraguaya, tal como se da en los países desarrollados alrededor del mundo. Todas las quejas que llegan al Gobierno de parte de los campesinos, de la campaña, provienen de la agricultura. Las necesidades más apremiantes y las aspiraciones de la población rural –como las reiteradas en las marchas campesinas de todos los años– denuncian su debilidad, su angustia y su desamparo.
Vale la pena recordar que los dos indicadores clave de la agricultura son la población que ella mantiene y su aporte a la economía nacional, su producción. Por esa razón, la primera condición de la prosperidad del agricultor minifundista es la posesión legal del suelo que cultiva para su sustento y el de su familia. Pero esta condición, aunque necesaria, no es suficiente. Para revertir la perversa ecuación de minifundio + ignorancia = pobreza no tiene otro camino que el aumento de su productividad; extraer más riqueza de su pequeña parcela de tierra y su sudor. Para eso debe, imprescindiblemente, valerse de las herramientas y del conocimiento técnico indispensables.
El gobierno del presidente Cartes debe, aparte de crearles las condiciones para colocar su producción, urgir programas para enseñarles a producir más y mejor.