La Reserva Natural de Morombí está siendo ocupada por campesinos que dicen ser “sintierras” y hablan con discursos que adoptan tono de reivindicaciones sociales; en realidad, la mayoría de ellos no son ninguna de las dos cosas, ni pobres desarraigados ni activistas políticos, sino simples taladores de árboles y traficantes de rollos, casi siempre estimulados por los mismos tipos que compran la madera que roban de los montes; y, por supuesto, a precio vil.
El caso es que, si la materia prima se puede conseguir gratis, como es el caso de los rollos provenientes de los árboles que forman los bosques protegidos, propiedad de la patria, componentes esenciales de la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras, sus precios de venta, fijados por quienes los talan y asierran dentro del monte, pueden permitirse ser rebajados a los traficantes hasta apenas a la mitad del que se paga en el mercado regular. Esa madera aserrada, robada del bosque protegido, se vende libremente alrededor de Campos Morombí.
El Gobierno dispone de muchos recursos e iniciativas para solucionar este problema; bastaría que en los caminos de acceso instale retenes compuestos por representantes de los varios organismos en cuyo ámbito de competencias figure la protección del patrimonio natural público. Existen pocos caminos (y muy conocidos en cada zona) para mover los rollos y la madera clandestina que los depredadores o sus clientes tienen que trasladar. Si estas medidas de control institucional no se realizan es, simplemente, porque las autoridades o los agentes que se envían a ese fin son corruptos y se dejan sobornar por los traficantes.
También es fácil identificar a los “ocupantes” que, de ordinario, son bien conocidos en la zona. Hasta el momento, sin embargo, esos “campesinos sin tierra” son fantasmas, no tienen nombre, no tienen cara, no están fichados; se protegen detrás de banderas y consignas políticas y de los derechos humanos que les favorezcan, cuando lo único que persiguen, en la realidad, no es justicia social sino dinero fácil y rápido, sustrayendo lo que puedan de las áreas protegidas, los recursos públicos y hasta bienes de propiedad privada.
Una vez instaladas estas bandas en un lugar, por aquí talan árboles, por allá cometen abigeato, más allá roban lo que quede a su alcance. Mientras, cada uno de esos personajes no figure en una lista oficial con sus verdaderos nombres y apellidos, domicilio real, número de cédula de identidad y oficio, el país va a continuar teniendo que escuchar las fábulas que desperdigan los sectores políticos interesados, con el fin de que la gente confunda a estos delincuentes con las personas que verdaderamente están en mala situación y legítimamente requieren ayuda estatal.
Mientras no se disponga de un censo serio de la población campesina y de sus condiciones socioeconómicas, no podremos diferenciar a los bandidos simuladores de los que deben recibir asistencia para superar sus problemas. Las ocupaciones de tierra por parte de delincuentes son actos de terrorismo en sí mismos, o la base para que estos prosperen. Se lo puede evitar y el Gobierno, si quiere, tiene esa posibilidad sin tener que gastar mucho esfuerzo: bastaría que identifique bien a los malhechores.