YRYBUCUÁ, Dpto. de San Pedro (Sergio Escobar Rober, corresponsal). La colonia Alemán Cue tiene 570 hectáreas y fue expropiada a favor del Indert en 1997. Está ocupada desde 1991 por unas 300 familias.
Según documentos, la tierra en cuestión fue expropiada de una familia de alemanes, representada por Hans Adolf Urhich Rhode. Se trata de las fincas 3828 y 6188, divididas en tres fracciones: Primera Línea, Segunda Línea y Tercera Línea.
En 2012 una persona identificada como Antonio Frutos Florentín se presentó como dueño de la fracción Primera Línea, de 257 hectáreas, y presentó título otorgado por el Indert en 2011.
En los últimos meses apareció otra con el nombre de Benjamín Adaro Monzón y asegura ser propietario de la Segunda Línea y de la Tercera Línea, que juntos miden 313 hectáreas. Adaro Monzón fue un cuestionado juez de Yuty y es político colorado de la zona.
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Los lugareños denunciaron que desde hace meses están siendo amedrentados por Adaro Monzón. Envía capangas para exigirles que abandonen el inmueble o que paguen si quieren permanecer en el lugar.
Felipe Duarte, dirigente de la colonia, expresó que se encontraban gestionando los títulos de sus lotes cuando, llamativamente, se presentaron Antonio Frutos Florentín y Benjamín Adaro Monzón como dueños de la las 570 hectáreas.
Duarte indicó que según datos que manejan, Frutos Florentín y Adaro Monzón estarían planeando vender al Indert su propio inmueble.
El abogado Mario Duré, representante de los colonos, dijo que probablemente los documentos presentados por los supuestos dueños fueron confeccionados en complicidad con funcionarios deshonestos del Indert y de otras instituciones del Estado.
El problema comenzó cuando la Municipalidad de Yrybucuá cedió a Adaro Monzón el 25 de junio del 2011 la “deuda impositiva” de la finca 3828, que había sido expropiada de Hans Adolf Ulrich Rhode (fallecido) en el 1997 (tres años antes de que se creara dicho municipio) y pasó a favor del IBR (Indert). El exjuez y político colorado Benjamín Adaro Monzón compró la finca 3828 en un remate por G. 28.581.800 el 4 de mayo del 2012, acto judicial “aprobado” en la Circunscripción de San Pedro, el 29 de mayo de ese año.