De la sede de la institución municipal, luego de una detallada verificación de las distintas dependencias, los intervinientes retiraron originales y copias de planillas utilizadas para la distribución de chapas, frazadas y víveres enviados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para los damnificados a causa del temporal que azotó el distrito el año pasado. 

Con la orden de allanamiento firmada por el juez penal de General Díaz, Shiler Coronel, y con el acompañamiento del juez de Paz de Humaitá, Hugo Ramón Monges, la comitiva allanó también propiedades del intendente y de su familia. 

En el domicilio del jefe comunal se constató el almacenamiento de 151 unidades de chapas para techo, las cuales fueron requisadas. Según un hermano del intendente, Juan Bordoli, quien recibió a los intervinientes, dichas chapas fueron recientemente adquiridas de un comercio de Pilar y que serán presentados los documentos que lo acreditan.

La fiscala Ana Luz Franco explicó que el intendente de Humaitá está imputado en dos casos. El primero, por apropiación de la ambulancia perteneciente al centro asistencial de esta ciudad, y otro, el que motivó estas intervenciones. La pesquisa es bajo el cargo de “apropiación y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”. 

Franco refirió que se sospecha que las planillas de distribución de los elementos enviados por la SEN tras el temporal del 2017 hayan sido llenadas con firmas o datos falsos y que el jefe comunal se habría apropiado de chapas, víveres o algunos otros elementos enviados por dicho organismo estatal para los damnificados de Humaitá. 

La referida miembro del Ministerio Público aclaró que su unidad se hizo cargo del caso desde ayer, tras la recusación realizada contra la fiscala Claudia Alonso. Recordó que la imputación contra Víctor Bordoli había sido presentada la semana pasada por su citada colega ante el juez penal de General Díaz. 

Franco resaltó que tras estos allanamientos analizarán las próximas medidas.

El presidente de la Junta Municipal de Humaitá (ANR), Germán Godoy, manifestó que la comunidad humaiteña acompañó los allanamientos realizados por la fiscala Ana Luz Franco. 

Dijo que al inicio de este año la Junta ha presentado la denuncia a partir de un informe de la SEN que no coincidía con los datos proveídos por el intendente Bordoli. Afirmó que como contralores salieron a corroborar con los vecinos afectados por el fenómeno climático. “Según la SEN, las familias afectadas firmaban por 12 o 10 chapas entregadas y sin embargo en la planilla de la Municipalidad figuraban apenas 5 o 6 chapas. Toda la ayuda enviada por la SEN fue mal distribuida”, dijo.

El titular del cuerpo legislativo expresó además que vienen solicitando rendición de cuentas desde hace 3 años y que el intendente hace caso omiso. 

“Si hace el informe lo hace de manera general, sin los documentos respaldatorios, como tiene que ser”, indicó. Agregó que tienen información de que en 3 años la Municipalidad ya recibió más de G. 15.000 millones en concepto de royalties y Fonacide, pero que esa enorme cantidad de dinero no se refleja en obras para la comunidad.

El intendente Víctor Casimiro Bordoli también fue imputado hace unas semanas por “apropiación”. La determinación fue adoptada por la fiscala de Pilar, Claudia Alonso, en el marco de una investigación de la muerte de un recién nacido en agosto. 

La criatura requería de un traslado urgente al hospital de Pilar, que se demoró al no estar la ambulancia en el puesto de salud. El vehículo había sido retirado por orden de Bordoli, quien también es presidente del Consejo Local de Salud, y estaba depositado en el predio de la Comuna.