El terreno, que está ubicado a diez kilómetros de San Estanislao, tiene 210 hectáreas y está ocupado por 130 familias campesinas. De dicha dimensión de suelo faltaría pagar por 97 hectáreas. El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) debe pagar por esa extensión unos G. 1.460 millones al dueño de la finca, que figura a nombre de Federico Servián.
Los ocupantes se mostraron sorprendidos por la notificación ordenada por el magistrado, teniendo en cuenta que ya existe un preacuerdo de compra firmado entre el propietario y la citada institución agraria.
Los asentados piden a las autoridades que intermedien en el caso y evitar un perjuicio a los humildes labriegos. En su mayoría son familias de escasos recursos económicos, entre ellas madres solteras que se dedican al cultivo. Una de ellas, María Enciso, mencionó que es soltera y tiene dos hijos, y que en caso de que quieran sacarles a la fuerza del lugar van a oponer resistencia.
Sobre el tema, conversamos con el gerente zonal del Indert, Daniel Ovando, quien aseguró que no habrá desalojo y que los agricultores pueden permanecer en sus terrenos, tranquilos y que sigan trabajando.
Mencionó que solo se está esperando agotar las instancias establecidas para concretar el pago correspondiente al propietario de la finca.