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Resaltaron que tras constatar irregularidades en la administración de la Intendencia, el cuerpo legislativo solicitó la presencia del ente contralor en marzo de este año, pero hasta ayer no obtuvieron respuestas.
De los 9 concejales, seis (4 colorados y 2 liberales) apuestan a la transparencia y solicitan intervención de la Contraloría y el Ministerio Público.
Los tres restantes que estarían avalando las irregularidades del intendente Rojas serían Carlos Parmerola, Herminia Soto y Pedro Rojas, todos del PLRA.
Desde el inicio de su gestión Rojas habría recibido unos G. 12.000 millones en concepto de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) sin que se observen obras que reflejen el uso de los recursos.
Tras el rechazo de la ejecución presupuestaria del 2013, en la que verificaron graves irregularidades, los ediles presentaron una denuncia en el Ministerio Público y la causa está a cargo de la fiscala Ana Luz Franco.
El concejal Mario Velázco (ANR) resaltó que en el ejercicio 2014 el intendente sigue cometiendo irregularidades e ignora las recomendaciones del cuerpo legislativo comunal.
Velazco explicó que durante el año los informes cuatrimestrales fueron entregados sin los correspondientes documentos respaldatorios.
Resaltó que desde enero a agosto de este año, la administración de Rojas recibió unos G. 2.700 millones, y no se ven inversiones positivas para la comunidad.
Luego, refirió que comparando el informe de la Intendencia y del banco se observa una diferencia de G. 1.200 millones en los cheques emitidos por Rojas.
Mencionó que existe un descontento generalizado en el distrito, ya que el intendente incrementó arbitrariamente el impuesto inmobiliario rural y urbano, sin contar con la aprobación de la Junta Municipal.
Intentamos obtener la versión del jefe comunal, Fabio Rojas, pero no respondió a nuestros reiterados llamados.