Exigen declarar emergencia distrital ante ataque del “cáncer del cítrico”

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Pobladores de la compañía Cabañas de Caacupé se manifestaron y exigieron a las autoridades comunales y departamentales declarar emergencia distrital ante el ataque del “cáncer del cítrico”. En caravana llegaron frente a la Municipalidad serrana y a la Gobernación de la Cordillera para pedir apoyo ante la crisis económica que afecta a unas 400 familias.

CAACUPÉ, Dpto. De Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional).- Unos 700 pobladores de la compañía Cabañas participaron de la movilización llevada a cabo desde tempranas horas de ayer. Expresaron preocupación ante el problema social generado a raíz de la disposición del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) de eliminar los plantines afectados por una plaga denominada Huanglongbing HLB o “cáncer del cítrico”.

La bacteria obligó a la destrucción de unas 560.000 plantas cítricas en Cabañas, pero aún quedan por eliminar otras 5.000 por la oposición de tres viveristas. La orden de eliminación del Senave fue al solo efecto de prevención, puesto que en todo Caacupé no existen registros de la plaga señalada, pero sí en Caraguatay.

El intendente local, Roberto Franco (ANR), convocó a una mesa de negociación a los principales dirigentes y representantes del Senave, donde expusieron varios reclamos. En ese sentido, en representación de los perjudicados, Porfirio Medina describió la grave situación por la que están atravesando unas 400 familias de la compañía Cabañas que se dedican a la producción de plantas cítricas.

Medina indicó que prácticamente se quedaron sin su medio de sustento.

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En otros pedidos, la Organización de Productores y Vendedores requirió un pago justo por las plantas que ya fueron destruidas, conforme al censo realizado en los viveros en el año 2013. Según el acuerdo con los responsables del Senave y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por cada planta los afectados debían recibir G. 3.000, pero ahora piden un “reajuste”.

También exigen el pago inmediato por las plantas injertadas y portainjertadas destruidas; además de un subsidio a vendedores de plantas cítricas, debidamente acreditados, ante la prohibición de comercializar.

El jefe comunal pidió a los dirigentes una semana para instalar una mesa de diálogo donde estén representantes de todos los estamentos involucrados para tratar de dar solución a los problemas.

Por otro lado, el secretario general de la Gobernación, Osmar Rivas, en representación del gobernador Carlos María López (PLRA), prometió el apoyo de la institución a los afectados.