¿Puede admitir el sistema judicial acciones legales contra un muerto?
Enrique Sarubbi inició a mediados de 2012 una acción judicial contra Francisco Feliciano Duarte, quien murió en junio de 2000.
El juez Manuel Saifildin Stanley dictó sentencia favorable a Sarubbi en 2013.
Francisco Feliciano Duarte “perdió” la demanda 13 años después de muerto, y la sentencia del juez de Capiatá generó derechos en favor de Enrique Sarubbi.
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Sarubbi fue beneficiado con un título de propiedad judicial sobre la finca 483 de Alto Paraná; obtuvo una orden de desalojo sobre la finca 531 de Minga Guazú, propiedad legítima de HB Inmobiliaria SA. El fraude montado por Enrique Sarubbi tuvo éxito gracias a la complicidad de funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público; de otro modo no lo hubiera logrado.
¿Qué hacer con los responsables?
La sentencia judicial contra un muerto es perversa en extremo. Resulta por completo inadmisible que el sistema judicial acepte acciones legales contra personas fallecidas. La ley prevé mecanismos que se aplican a herederos, pero no a muertos.
Es una perogrullada, pero los muertos, muertos están.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó intervención en el tema: la fiscala Arminda Rivas de Monges se encuentra bajo investigación; los jueces Máxima Meza de Maldonado y Manuel Saifildin Stanley, procesados.
La Corte Suprema de Justicia también inició investigación a las siguientes personas: jueza Máxima Meza de Maldonado, oficial de justicia Ramiro Báez, juez Manuel Saifildin Stanley, abogado Jorge Barrios y abogado Guillermo Montiel.
Los responsables de este fraude procesal tienen que ser castigados conforme dictan las leyes; no pueden seguir ejerciendo funciones en el ámbito de la justicia.
Óscar González Daher
De acuerdo a las informaciones obtenidas en Ciudad del Este, el principal soporte de los cuestionados magistrados, la fiscala Arminda Rivas de Monges y los abogados, es el senador Óscar González Daher, quien realiza intensas gestiones en el Jurado de Magistrados en procura de evitar que sean sancionados ¿Servicio gratuito del senador?
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