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Piden que Fiscalía actúe en caso de tierras de indígenas

Este artículo tiene 13 años de antigüedad

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) pide al Ministerio Público que actúe en el caso de venta de tierra de indígenas ayoreos en el Chaco, por parte del Indi. Señala que por sus atribuciones constitucionales tiene la obligación de ejercer la acción penal pública en defensa de derechos de pueblos indígenas.

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La citada organización integrante de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, expresa que el pueblo ayoreo es uno de los 20 pueblos indígenas del Paraguay, y dentro de ese grupo, Cuyabia es el nombre de una comunidad y región de 25.000 hectáreas, donde habitan 19 familias y grupos de ayoreos viviendo en estado de aislamiento voluntario.

Considera grave y sin precedentes que el propio Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) haya actuado con tanta temeridad, vendiendo y transfiriendo ilegalmente, conforme es de dominio público, el citado inmueble de 25.000 hectáreas, con toda la comunidad Cuyabia asentada en el mismo, dejando a las familias libradas a su suerte y a expensas de lo que pudiera hacer la persona a la que fue transferido el inmueble.

“Estamos en conocimiento del ingreso de maquinarias pesadas (topadoras) desde hace varios días en la zona del asentamiento indígena, que están procediendo al desmonte y avanzando hacia el mismo. De esto, y de lo que pudiera ocurrir a los ayoreos y ayoreas que viven en el lugar, responsabilizamos directamente al gobierno de facto en la persona de Federico Franco, y al Indi en la persona de Rubén Quesnel, actualmente a cargo de la dirección de la institución”, expresa Codehupy.

Pide a la Fiscalía impulsar la denuncia del caso que la Unión de Nativos Ayoreos presentó en diciembre pasado y está a cargo de la agente fiscal Alba Delvalle.

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