BRASILIA (ANSA, Reuters). “Considero difícil que ella concluya” el mandato por la crisis “grave” que enfrenta el Gobierno “ya que nunca vi una situación tan conflictiva”, afirmó el congresista que el domingo participó por primera vez en la marcha por el “impeachment” (juicio político) de Rousseff.

José Serra, actual senador y exgobernador del estado de San Pablo, es considerado como uno de los dirigentes más poderosos del Partido de la Socialdemocracia brasileña (PSDB).

“La cuestión de la corrupción no tiene efecto sólo en lo material sino en el plano moral, porque el PT era una reserva moral que ya no es, ahora el lulopetismo gobierna con la corrupción como método”, indicó.

El dirigente opositor estimó, no obstante, difícil en lo inmediato que pueda ser iniciado un “impeachment” contra la jefa de Estado.

Para que se sustancie “un impeachment uno tiene que tener motivos claros, los que ahora no están comprobados”, opinó el líder político.

Serra negó que haya una “coordinación” con su correligionario Fernando Henrique Cardoso para endurecer las críticas al Gobierno, quien ayer también se manifestó sobre este tema, recomendando la renuncia de Rousseff.

Empresarios al rescate

Puede que los líderes empresariales brasileños tengan diferencias ideológicas con la presidenta Dilma Rousseff, pero los llamados para que sea sometida a un juicio político es algo que los pone nerviosos, lo que de hecho, ofrece a la mandataria un apoyo efectivo de un sector inesperado.

A esta comunidad le preocupa que una salida traumática convierta un periodo de profunda incertidumbre política en una recesión que los expertos creen que podría traducirse en una contracción de la economía de un 2 por ciento este año.

Este respaldo tácito de los grandes negocios y un acuerdo tentativo con un agitado Senado está ayudando a Rousseff a sobrevivir a la crisis, apenas siete meses después del inicio de su segundo mandato de cuatro años.

“Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero”, afirmó Alencar Burti, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del estado de São Paulo.

Aunque algunos empresarios dijeron a los legisladores que un juicio político ayudaría a Brasil a recuperar  su credibilidad, la mayoría teme a la incertidumbre que probablemente emergería.

Este mes, los mayores grupos industriales y el grupo mediático más poderoso, Globo Comunicaçao e Participaçoes SA, pidieron un acuerdo político para asegurar la estabilidad.

Por otra parte, una encuesta de Datafolha publicada el 6 de agosto mostró que dos de cada tres brasileños creen que Rousseff debe ser sometida a un juicio político.

Su aprobación era del 8 por ciento, el nivel de popularidad más bajo para cualquier presidente desde que Brasil regresó a la democracia hace 30 años.