La reacción contraria más enérgica fue la de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Onudc), que expresó su desacuerdo frente a la nueva normativa uruguaya, señalando que viola convenios internacionales.
El presidente del organismo, Raymond Yans, dijo estar “sorprendido” por el hecho de que el Gobierno uruguayo “haya decidido deliberadamente” ignorar las disposiciones de ese tratado y pidió a Montevideo cumplir sus compromisos.
Paraguay, quien integra junto a Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela el bloque del Mercosur, también criticó la medida, afirmando que eso significará un aumento de la importación de marihuana de origen ilegal desde Paraguay.
“Al legalizarse la marihuana en Uruguay bajo el supuesto control del Estado, lo que hará va a ser consolidar la tendencia al aumento del consumo de esta y otras drogas y estimular la importación clandestina desde Paraguay, cuya hierba es de las mejores y barata”, afirmó el jefe paraguayo antidrogas, Luis Rojas.
Respeto y expectación
Por otra parte, desde Holanda se escucharon voces diferentes sobre la nueva legislación de Uruguay.
Aunque técnicamente ilegal, la posesión y consumo, y venta, en los coffee shops de menos de cinco gramos de cannabis está tolerado en Holanda desde 1976, sin embargo el cultivo y la venta al por mayor están prohibidos y permanecen en manos de grupos criminales, algo de lo que se quejan los propietarios de los establecimientos, obligados a tratar con estas bandas para aprovisionarse.
Una ley como la uruguaya en los Países Bajos les permitiría “no verse obligados a trabajar de una forma tan extraña”, afirmó una holandesa en televisión nacional.
También hubo otras visiones positivas sobre la nueva legislación uruguaya.
En una carta abierta, 114 organizaciones de todo el mundo dieron la bienvenida a la nueva ley.
“El camino emprendido por Uruguay sienta las bases de un nuevo paradigma para las políticas públicas sobre drogas (...) Apoyaremos a Uruguay y a cada estado y jurisdicción en el desarrollo de políticas más sensatas y sensibles para enfrentar los problemas de salud y de seguridad pública de sus ciudadanos”, señala la carta.
Otros países de la región reaccionaron expectantes a las consecuencias que traerá la nueva legislación.