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La propuesta fue presentada durante una conferencia de prensa en Bogotá como resultado de la primera etapa de los trabajos de la Comisión del consejo para la política sobre drogas en Colombia, un organismo creado este año con el objetivo de promover la reflexión gubernamental.
“Las políticas públicas frente al consumo de drogas no deben recurrir a sanciones penales para los consumidores”, señala el informe.
“La criminalización de los usuarios de drogas no solo no ha demostrado beneficios de salud pública sino que, por el contrario, ha tenido efectos contraproducentes, al marginar a los consumidores y agravar sus problemas de salud”, continúa el informe.
La comisión hace hincapié en la importancia de los “tratamientos preventivos”, e incluye la administración de drogas bajo control médico, afirmando que tal política no contradice los convenios internacionales de combate del narcotráfico.
En la actualidad, la legislación colombiana autoriza, desde 1994, la posesión de una dosis máxima de 20 gramos de marihuana y de un gramo de cocaína.