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El grupo bajo investigación actúa en Brasilia y tiene entre sus objetivos a diputados, senadores, ministros y otros miembros del gobierno, según publicó en su portada el diario O Estado de São Paulo.
El diputado Teixeira recibió la denuncia en julio pasado por parte de un espía arrepentido, que le reveló cómo funcionaba la red, tras lo cual le informó el caso al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordenó a la Policía Federal abrir una investigación.
Documentos de la red ilegal de espionaje, supuestamente conformada por empresas de seguridad privada, indican que había extractos de llamadas telefónicas y las cuentas de correos electrónicos de diputados y senadores.
“Se ha creado en la capital de Brasil, en medio de los poderes de la República, una sociedad anónima de criminales y violadores de datos personales”, sostuvo el diputado Teixeira.
El grupo de espías ilegales actúa con foco en el gobierno del Distrito Federal de Brasilia, cuyo gobernador es Agnelo Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Entre los congresistas que sufrieron la violación de sus e-mails están el exsenador conservador Demóstenes Torres, aliado de un mafioso del juego ilegal y destituido por corrupción del Congreso, el senador Blairo Maggi, el “rey de la soja” del estado de Mato Grosso, y el diputado Carlos Lereia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El caso apareció en paralelo con el escándalo del capo de la mafia del juego Carlinhos Cachoeira, quien fue eje de una investigación parlamentaria por “comprar” senadores, como Torres, y usar investigaciones de prensa para favorecer sus negocios, en especial contratos con los poderes del Estado, tanto municipales, estatales y federales.
El espionaje ilegal en Brasil es utilizado para hacer operaciones de prensa contra políticos y para hacer “inteligencia corporativa”, dijo el comisario Marcos Sousa Ribeiro, titular de la Asociación de Comisarios de la Policía Federal (ADPF).
Se estima, según O Estado de São Paulo, que el mercado de espionaje ilegal moviliza unos 500 millones de dólares anuales en Brasil.
“Es un mercado anárquico, sin fiscalización ni control, ejercido por profesionales sin calificación o compromiso ético”, manifestó el comisario.
En noviembre pasado fueron detenidos en São Paulo 27 policías acusados de montar una red para espiar ilegalmente a políticos y jueces y vender esa información a los interesados en causas judiciales.
La Cámara de Diputados tiene en sus manos un proyecto patrocinado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para reglamentar la actividad de las agencias de seguridad privada que realizan tareas de búsqueda de datos.