BUENOS AIRES (EFE).El proceso oral y público, que se sigue en tribunales de Buenos Aires y puede durar casi dos años, se inició ayer con la lectura de los cargos a los dieciséis expolicías y un exfuncionario acusados de la muerte de cinco manifestantes y de las heridas sufridas por otras 117 personas.

Está previsto que medio millar de personas testifiquen en el proceso, donde se intenta determinar las responsabilidades operativas y policiales en la represión de manifestantes el 20 de diciembre del 2001, durante el estado de sitio decretado por De la Rúa (1999-2001).

Los violentos hechos bajo juicio se registraron en el área de Buenos Aires comprendida entre la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y el edificio del Parlamento.

Del juicio está excluido De la Rúa por una decisión de la Cámara Federal de Casación, que consideró que el entonces mandatario actuó legítima y constitucionalmente al declarar el 19 de diciembre de 2001 el estado de sitio ante las protestas contra su Gobierno.

“Lo que intentaron es que esto nunca llegara a juicio y previamente sobreseyeron a De la Rúa, el presidente argentino que dio la orden para que exista esta represión”, dijo a Efe Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Durante el estallido de diciembre de 2001, 39 personas murieron en Buenos Aires y en otras zonas del país, cuando cientos de miles de argentinos se manifestaron contra la política económica del gobierno de De la Rúa, que a principios de ese diciembre había creado el “corralito” bancario.

La crisis económica provocó también saqueos a supermercados y, frente a las distintas movilizaciones populares, el expresidente decretó el día 19 de diciembre el estado de sitio.

La decisión no frenó las protestas que se sucedían al grito del “que se vayan todos” y, el 20 de diciembre, la policía reprimió ferozmente a los manifestantes que quedaban en la Plaza de Mayo y zonas aledañas.

Por la noche, De la Rúa renunció.

“Complot”

El expresidente Fernando de la Rúa volvió a sostener ayer que el estallido social de diciembre de 2001 fue producto de un complot para forzar su renuncia y acusó a algunos gobernadores provinciales de entonces incitar a la violencia.

“Se creó un clima de desorden para forzar mi salida”, denunció el exjefe de Estado.

De la Rúa reiteró que desde su gobierno “no hubo ni orden ni plan” para reprimir a los manifestantes.

El expresidente afirmó que los trágicos incidentes de 2001 fueron “incitados por los gobernadores, principalmente en la provincia de Buenos Aires” y añadió que “hay imágenes de intendentes acompañando a los manifestantes indicando qué supermercados robar”.