Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esta concentración frente al hospital Gregorio Marañón.
Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como “ningún ser humano es ilegal” o “Partido Popular, Ku Klux Klan”, al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
También portaron pancartas con leyendas como “No a las medidas discriminatorias y racistas” o “Recortes en Sanidad = muerte”.
A la protesta se sumaron políticos de la oposición al Partido Popular, como la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del opositor Partido Socialista, Marisol Pérez, quien demandó al Ejecutivo que “rectifique” y ponga fin a este “apartheid sanitario”, que tachó de “cruel, inhumano e ineficaz”.
El Ministerio de Sanidad anuló ayer la tarjeta sanitaria de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España y de los españoles que nunca trabajaron y con ingresos superiores a 100.000 euros (125.000 dólares) al año.
Los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y posparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.
Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió ayer al Ejecutivo la derogación del decreto porque, señaló, vulnera el derecho a la salud y colapsará las urgencias ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando “gasto en lugar de ahorro”.
Varias organizaciones de médicos han iniciado una campaña de objeción de conciencia para no obedecer el decreto, a la que ya se sumaron unos 1.800 profesionales sanitarios.