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BOGOTÁ (AFP, Reuters). Seis hombres buscan suceder a Juan Manuel Santos, pero por primera vez la izquierda antisistema le disputa el poder a los conservadores tras una campaña saturada de debates y proselitismo en redes.
Santos dejará en agosto la presidencia tras ocho años de gobernar un país con una de las democracias más antiguas de América Latina, pero que suele registrar una alta abstención porque el voto no es obligatorio. Ésta es la primera vez que habrá presidenciales desde la desmovilización de las FARC y además la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral con motivo de los comicios que comenzó el viernes y terminará a la medianoche del martes 29 de mayo.
Todo apunta a que habrá balotaje en junio entre dos candidatos: el más joven y opcionado es el derechista Iván Duque, un senador de 41 años, sin mayor recorrido político, un abogado y economista de 41 años del Partido Centro Democrático (PCD) apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, que ha prometido recuperar la autoridad, modificar el acuerdo de paz y es aceptado por los inversores y los mercados.
Le sigue el socialista Gustavo Petro 858), un exalcalde de Bogotá y economista que promete defender al acuerdo de paz, reducir la dependencia económica del petróleo y el carbón, y recortar la brecha social con ideas que generan temor entre los empresarios, como la compra de tierras por parte del Estado a terratenientes.
Mientras Duque es criticado por su poca experiencia política y presagios de que terminará obedeciendo órdenes del expresidente Uribe, Petro es cuestionado por su mala gestión como alcalde de Bogotá, incluida el criticado cambio del modelo de recolección de basuras de la ciudad.
Panorama
Un eventual triunfo de Duque lo dejará con un camino relativamente fácil en el Congreso para impulsar reformas decisivas como la tributaria. Su partido tiene mayoría en Senado y la segunda fuerza en Diputados.
El partido de Petro solo tiene seisbancas en el Congreso y enfrentaría un difícil camino para lograr la aprobación de las reformas que requiere el país en materia social y económica.