La norma dice que la inhabilitación “será perpetua siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella”.

Añade que según el caso, el funcionario condenado podría quedar inhabilitado para ocupar cargo público entre 5 y 20 años.

Agrega que esto también se producirá cuando “la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias”.

La normativa también crea un Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública.

La ley se promulgó como parte de una serie de medidas inmediatas de lucha contra la corrupción anunciadas por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.