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El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que muchas de las protestas “de carácter pacífico” registradas luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril fueron dispersadas con un uso “desproporcionado de la fuerza” y en algunos casos con un uso “inadecuado” de armas de fuego.
“Nosotros hemos venido denunciando que el presidente Nicolás Maduro se inauguró aplicando la Ley Antiterrorista contra las manifestaciones públicas”, afirmó Alvarado.
“Es la primera vez que se aplica esta ley a manifestaciones públicas en Venezuela y nosotros venimos advirtiendo que esto pudiera ser una tendencia que hemos denominado como etapa superior de la criminalización de la protesta en el país”, añadió.
Citó un caso en el estado de Lara (centro-occidente), donde, manifestó, “algunas” personas que fueron detenidas tras protestar recibieron “maltratos y fueron torturadas”, y llamó a una investigación “transparente” de los incidentes, que a su entender fueron protagonizados por sectores “radicales” de ambos bandos.
Venezuela se encuentra en una situación de crisis política después de que Maduro ganara los comicios del 14 de abril con 225.000 votos de ventaja sobre el opositor
Henrique Capriles, quien ha pedido a la justicia que se repitan las elecciones, solicitud que el Gobierno rechaza de plano.
Para Alvarado, la salida a la actual situación pasa por la existencia de un “diálogo que sea constructivo, que permita establecer una agenda mínima”.
“Implicaría resolver tanto la petición que ha hecho la oposición de que se haga una auditoría y reconteo de los votos, como la misma petición que ha hecho el Gobierno de que el presidente Maduro debe ser reconocido como presidente”, afirmó el líder de Provea.
Advirtió que el nivel de conflictividad social en Venezuela, donde, según cifras de Provea, solamente el año pasado hubo más de 5.000 protestas, podría continuar elevado durante la Presidencia de Maduro.