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Cuando el diario ABC Color, a través del colega Carlos Benítez, destapó la olla sobre la compra de armamentos que nunca debió haber adquirido la Corte, rápidamente culparon de la misma al asesor de Seguridad, un militar retirado. Sin embargo, la auditoría a la cual accedimos ahora revela que el asesor de Seguridad de la Corte, Capitán (SR) Alexander Neuendorff, declaró que “su asesoría en ningún momento solicitó por escrito la compra de equipo de seguridad y armas de fuego, relacionado al PAC 31/2010”.
La licitación fue hecha y aprobada por G. 660.350.000 en diciembre de 2010. Rápidamente y en solo tres días, se hizo una adenda por G. 132.070.000, que fue también aprobada. El contrato 251/10 y su adenda fueron firmados por el entonces presidente y actual ministro de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser (el documento de la adenda ni siquiera está fechado).
A través de la documentación se ve que uno de los más insistentes fue el abogado Alejandrino Cuevas, secretario general de la Corte, quien junto a Liz Fátima Insfrán, directora de la Unidad de Contrataciones, recomendaron la aprobación de la compra de armas de fuego y equipos de seguridad para la Corte.
Cuevas, en comunicación con ABC Color, afirmó que no hizo solicitud alguna y que ni siquiera tiene el poder, como secretario de la Corte, para hacer peticiones para las compras en la entidad.
En los documentos de la auditoría interna se hace constar una nota dirigida a Alejandrino Cuevas a través de la cual se pide la adenda para la compra de armas.
Además, en una nota del 24 de junio de 2013, Carlos Federico León Ocampos, dueño de la empresa Comtecpar hizo la de Pilatos y se lavó las manos. Afirmó que las armas, equipos y balas a proveerse con la suma adicional (la adenda de más de G. 132.000.000) “fueron tratados con el secretario general de la Corte Suprema, Alejandrino Cuevas”.
Como si fuera poco, los documentos para hacer los pedidos de armas, equipos y balas para la Corte fueron previamente escritos por Carlos León. Lo reconoce él mismo, en la nota: “Comtecpar proveyó de los modelos de proforma dado que la dependencia (UOC de la Corte) no contaba con estos”. Estos documentos, luego remitidos a la Dimabel, fueron firmados por la directora de la Unidad de Contrataciones de la Corte, Liz Fátima Insfrán.
Insfrán declinó hacer comentarios en una conversación telefónica con ABC, aduciendo que “se encontraba en un seminario”.
León Ocampos también lanzó el “fardo” a Insfrán en su nota de junio de 2013. Mencionó que “los documentos fueron firmados por Liz Fátima Insfrán y la gestiones fueron realizadas por Comtecpar”.
¿Por qué y para qué las armas?
El asesor de Seguridad, en su nota, explica que dio los consejos técnicos sobre los equipos a ser licitados, pero que en ningún momento los pidió. Es el capitán Neuendorff quien debía hacer el pedido de las armas, de acuerdo a la necesidad, según la auditoría interna hecha en la Corte. Pero la necesidad de comprar armas nunca existió.
El 27 de diciembre de 2010, Liz Fátima Insfrán, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, firmó un pedido dirigido a Torres Kirmser para ampliar el contrato 251/10 “debido a que los insumos adquiridos son insuficientes para cubrir con las necesidades del sistema de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia”. Esto se aprobó en un solo día. ¿Quién presionó y obtuvo el resultado de ampliar la compra de un verdadero arsenal para la Corte?
Así operaron
La Dimabel, con el aval del Gral. Carlos Campos Krauer, autorizó la compra de más municiones y armas desde los EE.UU. a través de las notas de pedido del ente mintiendo al Departamento de Estado de ese país.
Se usó como “pantalla” el nombre de la Corte, como el de otras instituciones, que iremos mencionando en siguientes entregas. Usando el nombre de la CSJ se compraron de más cinco carabinas calibre 5.56x45, 4.000 balas calibre 9x19mm, 2.200 balas calibre 12 Gauge, 9.500 balas calibre 5.56 x 45mm, seis placas balísticas y 20 miras láser 552.
Las preguntas que quedan flotando son: ¿Para qué la CSJ hizo efectiva una compra de armas que según su asesor de Seguridad ni siquiera necesitaba? ¿Para qué se hizo una adenda por G. 132.070.000 por armas que no se necesitaban? ¿Por qué la Unidad de Contrataciones avaló la adenda “debido a que los insumos adquiridos son insuficientes para cubrir con las necesidades del sistema de Seguridad de la CSJ”, si ni siquiera, según el Asesor de Seguridad, se necesitaba arma alguna?
mabel@abc.com.py
jcalcena@abc.com.py