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Anulan traslado de fiscala que apresó a un intendente

Este artículo tiene 11 años de antigüedad

CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La Fiscalía General anuló ayer la resolución que establecía el traslado de la fiscala de la Unidad 4 de esta localidad, Sunilda González de Martínez, al Ministerio Público de Luque. Por lo tanto, seguirá al frente de la fiscalía de Caacupé.

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González de Martínez había adquirido notoriedad al convertirse en la primera agente fiscal que imputó y ordenó la detención de un intendente por presuntos desvíos de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide).

Según la citada agente, ayer recibió una llamada del fiscal Javier Díaz Verón en la que le comunicó su decisión de restituirle su función y que le expresó su apoyo total en la gestión que está llevando a cabo en su unidad.

González de Martínez había imputado y requerido la aprehensión del intendente de Santa Elena César Balbuena (PLRA), procesado bajo el cargo de lesión de confianza y estafa de G. 840 millones del Fonacide.

El juez penal de Garantías de la circunscripción, Dr. Paublino Escobar, ordenó el 11 de marzo pasado la prisión preventiva del citado jefe comunal en la comisaría 1ª de Caacupé, por no presentar las garantías necesarias de sumisión al proceso, luego de la audiencia de imposición de medidas. Balbuena estuvo en prisión 11 días, luego obtuvo la libertad ambulatoria, bajo ciertas condiciones, mientras continúa el proceso.

Autoridades del PLRA, en un encuentro realizado el 14 de marzo pasado en Santa Elena, habían advertido que tomarían represalias contra los citados agente fiscal y magistrado, al calificar como “aberración jurídica” sus actuaciones. Dijeron que ello no quedaría así y que tendría consecuencias. El senador Miguel Abdón Saguier dijo a la concurrencia que los citados serían llevados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La fiscala también investiga al intendente César González (PLRA), de Mbocayaty del Yhaguy, por una presunta malversación de G. 362 millones.

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