Real fue acusado por el fiscal de delitos económicos René Fernández, quien abrió una investigación sobre el origen del patrimonio del agente tras detectar que el mismo contaba con una abultada cuenta en la cooperativa policial. Según la acusación, Real no pudo justificar depósitos por un total de G. 790 millones.
En esta causa, el 13 de setiembre de 2010 el juez Tadeo Fernández otorgó el sobreseimiento definitivo al acusado, pese a la acusación. El 29 de abril del 2011, esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación, 4ª sala, cuya resolución fue ratificada en abril pasado por la Corte Suprema.