En octubre del año pasado, la Fiscalía incautó en la Aduana de Villeta los agroquímicos que llegaron de China. Entre los productos cuyo ingreso se permite al país había 2.360 kilos de la mercadería que no puede entrar al territorio nacional por considerarse peligroso.
La intervención estuvo a cargo de la fiscala anticontrabando Carmen Gubetich de Cattoni, con base en una denuncia que presentó el abogado Enrique Rivarola, en representación de la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria (Capasagro).
El 13 de octubre de 2014, la agente del Ministerio Público remitió al administrador de la Aduana de Villeta, Fernando Machuca Corvalán, el oficio Nº 353. En dicho documento, indicó que finalizó el procedimiento de verificación e incautación de mercaderías ingresadas presumiblemente de contrabando, importadas a nombre de la empresa TCHE SA. Además, la fiscala agregó que se deja sin efecto la orden de retención del contenedor, “a los efectos de que se prosiga con el trámite de despacho de importación de las mercaderías declaradas y las incautadas inclusive”.
Este oficio es el principal documento que Aduanas usa en el sumario para blanquear el caso y ordenar el “reembarque” de la mercadería, así como pretenden los dueños de los agroquímicos. La ley también establece que los mismos sean destruidos.
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Sin embargo, el negocio sería el supuesto “reembarque”, ya que, según fuentes, la mercadería no se reenvía, sino que queda en territorio nacional y luego pasa al Brasil para su comercialización, por el elevado costo del producto en cuestión.
Un informe del Senave, del 9 de octubre pasado, señala que la firma TCHE SA está registrada en dicha institución para la importación de glifosato, con nombre comercial ORGLIF 75,7. “Podemos concluir en principio que dicha firma no tiene autorización para importar el producto benzoato de emamectina, por lo que la importación de esta partida sería ilegal”, dice Senave.
Marcelo Machado es el que aparece como residente de la firma TCHE SA.
De acuerdo a fuentes, este caso es apenas una muestra de todo un esquema montado para ingresar agroquímicos prohibidos al Paraguay, para luego venderlos en Brasil, donde en el mercado negro se comercializa hasta US$ 500 el kilo.