La denuncia identifica al beneficiario como Tomás Edulfo Silva y sus trece hijos.

Sin embargo, dice la denuncia que no existen registros algunos ciertos en las instituciones donde se haya torturado a Silva o alguna institución médica donde fue atendido.

Refiere que en el mismo expediente tramitado ante la Defensoría del Pueblo hay un informe que refiere “que buscado en los archivos policiales correspondientes al departamento de Investigaciones, departamento Judicial y de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos no se encuentran documentos referentes a la persona Tomás Edulfo Silva”.

Añade que en el expediente hay una constancia con la supuesta firma y sello del obispo Mario Melanio Medida en el que certifica que Silva fue integrante de las reprimidas Ligas Agrarias de Misiones.

“En consulta sobre este hecho con monseñor Medina, negó categóricamente que haya entregado una constancia con su firma y mucho menos haber recibido en audiencia al señor Silva para estos menesteres, por lo que me manifestó que debía denunciar este delito”, dice la denuncia.

El escrito advierte que las irregularidades son varias y que otras 75 personas estarían en una situación similar, con lo que el perjuicio ascendería a unos G. 8.775.000.000.

Identifica a un gestor de nombre Cristino Olmedo Espínola de realizar las operaciones fraudulentas.

“Estos hechos delictuosos son relevantes y sensibles por afectar recursos del presupuesto general de la Nación, en desmedro de las personas que realmente han recibido torturas de parte de las autoridades del régimen de Stroessner, por lo que solicito su inmediata investigación y castigo, por constituir un hecho deleznable y grave que genera enorme perjuicio al erario del Estado”.