Los mencionados habrían creado personas jurídicas o firmas, a fin de facilitar la realización de transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en los bancos de plaza de Ciudad de Este y agencia de Hernandarias, tales como BBVA, Sudameris, Regional y Continental. Las sumas de dinero vendrían siendo remesadas al exterior a través de las cuentas habilitadas en los citados bancos y a fin de justificar las remesas habrían utilizado facturas proformas de supuestos proveedores; y en cuanto al origen de la suma a ser remesada, presentaban declaraciones juradas de IVA e Iracis adulteradas.

Las firmas ficticias Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Expor, American, Ninfaplus, Mega Tech, Mart-Gony, y otras, habrían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior y la identidad de las personas. Así se constituyó el ropaje legal de las transacciones, pues todo lo remesado al extranjero, ante las normativas relativas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debía hallarse justificado. Es decir, el dinero debía encontrarse debidamente respaldado en cuanto a su origen legal, refiere la imputación, que sindica a Felipe Ramón Duarte como el cerebro del esquema de lavado, pero que ahora fue favorecido por la Cámara.