El Consejo de Superintendencia de la Corte remitió ayer a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción memorandos en los que se confirma que Yore realizaba las cuestionadas designaciones y no comunicaba a la Corte.

El fiscal Dos Santos solicitó informes al alto tribunal, teniendo en cuenta que Yore declaró en un medio radial que “desde el 1999” hacía esas designaciones, con conocimiento de la Corte.

Pero según la licenciada María Rosa Szarán, directora interina de Recursos Humanos del Poder Judicial, en el Departamento de Legajos (donde deben ser anexados los permisos concedidos a los funcionarios) “no se cuenta con ninguna notificación” respecto a cuatro resoluciones por las cuales Yore designó como defensores públicos a abogados particulares.

Hoy, ante jueza

La defensora pública general debe presentarse esta mañana, a las 08:30, ante la jueza Gricelda Caballero para una audiencia de imposición de medidas. La misma presentará como abogado a Ricardo Preda, exdirector de la fiscalía de Delitos Económicos.

Mañana deben comparecer los tres abogados implicados también en el hecho, ya que fungieron como defensores públicos interinos. Se trata de Sindulfo Aquino Alegre, Cristhian Figueroa y Lorenzo Vera Gamarra (todos liberales) y tendrán defensores públicos, según trascendió.

La imputación de Yore sería ampliada por otras designaciones irregulares que saltaron a la luz.