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La sentencia de la máxima instancia judicial divulgada recientemente confirma el Acuerdo y Sentencia N° 434, del 10 de julio del 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, 1ª sala y la resolución N° 190 del 4 de octubre del 2005 y la providencia del 17 del mismo mes y año, ambas del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema.
El fallo está firmado por los ministros Luis María Benítez Riera, César Garay y Sindulfo Blanco (recientemente destituido).
La resolución N° 190 es la que dispuso la destitución de Insúa del cargo de director de Administración y Finanzas de la Corte, la providencia rechazó la reconsideración, mientras que el A y S B° 434 rechazó la demanda contecioso administrativa promovida por el afectado.
El Lic. Luis Insúa Ego fue destituido el 4 de octubre del 2005, por su responsabilidad en el escándalo del narcoavión, que también salpicó al entonces ministro Carlos Fernández Gadea (posteriormente destituido por juicio político). Este último caso salió a luz en el año 2004, cuando nuestro diario denunció que la Corte se había apoderado del avión incautado a un narcotraficante.
La máquina fue incautada durante un procedimiento judicial y luego fue entregada por el entonces juez de Pedro Juan Caballero Bernardo Villalba –exdiputado colorado cartista– a la máxima instancia judicial, en carácter permanente. Posteriormente, a instancias de Fernández Gadea, Insúa impulsó el cambio de la matrícula de la aeronave a nombre de la Corte Suprema de Justicia, en violación de disposiciones legales, con lo cual la aeronave fue incorporada como patrimonio del Poder Judicial.
La compra irregular de dos motores para el narcoavión por unos G. 650 millones, y compras varias de empresas fantasmas por millonario valor son otras irregularidades que determinaron su destitución, según el sumario correspondiente.
Perjuicio moral y económico
A la par del tremendo desprestigio para el Poder Judicial, el caso del avión bimotor Pipper, Seneca II ZP-TDV -requisado en el marco de la causa ‘‘José Luiz Rafaelle Marcelino s/ posesión y tráfico de cocaína en Capitán Bado”, causó un perjuicio de unos G. 650 millones, suma invertida en su reparación.
Tras el escándalo derivado por la publicación de la situación irregular, conocido como el caso del “narcoavión de la Corte”, se dispuso la subasta de la avioneta y en cumplimiento de la legislación vigente, la suma recaudada fue distribuida en partes iguales entre el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con lo cual la CSJ se vio imposibilitada de recuperar la suma invertida.