SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). El jurista Ramos Llano responsabilizó de la invasión del mencionado inmueble, perteneciente a su familia, al Frente Democrático para el Pueblo. Según dijo, se registraron dos incursiones, primero en el mes de febrero y luego en fecha 8 de abril pasado.
Señaló que la queja que realizó es por la inacción de la unidad fiscal número uno de San Ignacio, que está a cargo del abogado César González. “Hasta la fecha no existe ninguna imputación por la invasión de la finca 8, padrón 231, y la finca 204, padrón 760. Son 400 hectáreas” (las invadidas), dijo.
Ramos Llano expresó que hasta la fecha existen dos carpas dentro de la propiedad privada y que se han presentado ante el Ministerio Público el título de propiedad y los certificados de adjudicación de inmueble “porque somos herederos, y hemos presentado el pago de impuestos inmobiliarios”.
Señaló que el Ministerio Público tiene que cumplir un protocolo, según le indicó el fiscal César González. Sin embargo, indicó que la fiscalía tiene que actuar de oficio y hacer respetar la propiedad privada. “La Constitución Nacional en su artículo 109 protege la propiedad privada”, exclamó. Individualizó como líder de los campesinos invasores al ciudadano Silvio Luján.
Hay imputados, dice fiscal
Por su parte, el fiscal de San Ignacio César González aseguró que su unidad intervino en la invasión de propiedad de los Ramos Llano, situada en la compañía “Tatu Ruguái”.
Seguidamente, desmintió al abogado Leopoldo Ramos Llano, de que no hay acción de parte de su unidad fiscal.
El representante del Ministerio Público aseguró que hay cinco dirigentes campesinos imputados, entre ellos Silvio Luján.
Explicó que en el inmueble entraron dos veces los campesinos y que mediante la intervención fiscal de su unidad y de la fiscala Romy Riveros, los campesinos se retiraron. En esta última ocupación vino un temporal de tres días, lo que imposibilitó llegar hasta el lugar, dijo César González.
Añadió que ni el mismo Ramos Llano puede llegar a la propiedad por las malas condiciones del terreno.
“Se intervino y como consecuencia de ello cinco dirigentes campesinos están imputados”, aseveró el fiscal González.